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“Este año esperamos apoyar a más de 15 empresas en la construcción de un plan de acción en materia de DD.HH.”

Así lo afirma Claudio Tomasi, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina. Los principales progresos que se han dado durante la primera década de los Principios Rectores en el país, los desafíos pendientes, su opinión con respecto a los enfoques voluntarios en materia de Derechos Humanos y Empresa y los avances regulatorios en Europa, son algunos de los temas abordados en la entrevista.

¿Cuáles son los principales progresos que se han dado durante la primera década de los Principios Rectores en Argentina desde PNUD Argentina?

El PNUD Argentina ha venido apoyando al país de diferentes maneras para hacer realidad los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos y, especialmente, para que el Estado mejore sus capacidades en el Pilar 1 (Promover) y 3 (Remediar) y para que las empresas actúen con la debida diligencia (Respetar).

El PNUD ha venido apoyando al país con intervenciones a través de los proyectos de cooperación al desarrollo con contrapartes gubernamentales. El Área de Gobernabilidad Democrática colabora con el gobierno en la consolidación de la democracia a través del apoyo a políticas y mecanismos institucionales de protección y promoción de los derechos humanos, del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y diálogo y de la consolidación de capacidades institucionales para una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la prestación de servicios públicos. Un proyecto muy destacado en este campo se ejecuta con la Oficina Anticorrupción y tiene como finalidad impulsar el cumplimiento de los mandatos de las convenciones internacionales en materia de transparencia y lucha contra la corrupción (ONU, OEA, OCDE), promoviendo la cooperación y el trabajo conjunto con gobiernos provinciales a través de la creación de mecanismos para promover la efectiva implementación de las políticas de transparencia y control de la corrupción aplicados en conjunto con los gobiernos subnacionales.

Nuestro equipo de Ambiente y Desarrollo Sostenible promueve la articulación de las dimensiones social, ambiental y económica en los procesos de desarrollo, impulsando la sostenibilidad, la mitigación de los efectos del Cambio Climático, la lucha contra la pobreza, la valoración de los servicios ecosistémicos; el uso de energías alternativas, etc. En este marco el PNUD apoya la creación y el fortalecimiento de capacidades a nivel estatal, empresarial y comunitario para la aplicación de acuerdos intersectoriales e internacionales tendientes a la transformación de actividades que afecten o puedan afectar negativamente el ambiente natural y humano. Un proyecto muy destacado en este terreno es el Programa de Gobernanza Ambiental para la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales (EGP, por sus siglas en inglés). Se trata de una iniciativa conjunta de la Agencia Sueca de Protección Ambiental (SEPA, por sus siglas en inglés) y el PNUD y su fin es ayudar a los países a integrar el medioambiente y los derechos humanos en la gobernanza del sector minero.

Para apoyar al sector empresarial de nuestro país, el PNUD canaliza sus esfuerzos con la red argentina del Pacto Global. A través del apoyo que nuestra Oficina brinda a la iniciativa, en 2011 hemos lanzado una Guía interpretativa sobre los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos (Promover, Respetar y Remediar: todos ganamos) que fue la primera en desarrollarse en idioma español. También apoyamos la creación del primer Grupo de Trabajo con organizaciones empresariales que ha venido funcionando sin interrupción desde el año 2013, orientando los esfuerzos en desarrollar capacidades en los mandos medios y altos de las empresas para la implementación de los Principios Rectores. Hace 2 años, publicamos un libro con buenas prácticas empresariales en la materia destacando los esfuerzos empresariales con la autoridad gubernamental (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación). Y este año esperamos apoyar a más de 15 empresas en la construcción de un plan de acción en materia de derechos humanos,  empezando por la elaboración de una matriz de riesgos sobre los potenciales impactos que sus actividades tienen sobre todos los derechos humanos.


¿Cuáles son los desafíos pendientes que deja la primera década de los Principios Rectores?

Este año se cumplen 10 años de la aprobación de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos (UNGPR). Estos principios fueron construidos en un proceso participativo que incluyó a líderes gubernamentales, representantes empresariales, de la sociedad civil y de comunidades. Fueron aprobados en 2011 por unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y desde entonces se han convertido en una autoridad en la materia.

Los Principios Rectores ayudaron a aclarar el deber del Estado de proteger los derechos humanos; la obligación de las empresas de actuar con debida diligencia para respetar los derechos humanos y la necesidad de mejorar los canales de remediación allí cuando el Estado fracasa en su deber de protección y las empresas lesionan, a través de sus propias actividades o de terceros, los derechos humanos de terceras partes.  

Los UNGPR recibieron en estos años un respaldo muy importante por parte de casi todas las partes interesadas. Muchos países decidieron poner en marcha un Plan Nacional de Acción (NAP) de Empresas y Derechos Humanos buscando una mayor coherencia de políticas públicas. En este sentido son varios los países de Europa occidental que han logrado aprobar y plan; y unos pocos en América latina y es una deuda pendiente que esperamos la Argentina la salde en poco tiempo. Sin dudas, este es el desafío pendiente para la Argentina.


¿Qué opinión tiene con respecto a los enfoques voluntarios en materia de Derechos Humanos y Empresa?

Naciones Unidas cree en el poder de los acuerdos voluntarios. Basado en el éxito que han tenido los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas y su aceptación en el mundo empresarial, entendemos que las iniciativas de soft law o voluntarias son muy alentadores. Pero esto requiere que el sector empresarial tome el compromiso político al más alto nivel, implementando las reformas en el modelo de gestión de la empresa en arreglo a estos principios.
El Pacto Global demostró ser efectivo en este sentido y los Principios Rectores consiguieron un respaldo político único. Prueba de ello han sido las declaraciones de apoyo brindadas por las Cámaras y Asociaciones Empresariales internacionales, las modificaciones realizadas en la OCDE en su capítulo para el comportamiento empresarial responsable y el consecuente proyecto que financia en América latina y el Caribe para los países que, como la Argentina, han manifestado interés de avanzar en la elaboración de su Plan Nacional de Acción.


Teniendo en cuenta que usted viene de cumplir funciones en Turquía ¿Qué opinión tiene con respecto a los avances en materia de regulación sobre el tema que se están dando en Europa?

Hay una multiplicidad de iniciativas de regulación en Europa en este tema. Podemos mencionar en materia ambiental el Pacto Verde Europeo (PVE), publicado en diciembre de 2019, que establece los objetivos de transformación ecológica para la unión europea.

En línea con este Pacto, debemos incluir la Taxonomía Europea (EUT)  que marcará el futuro, ya que, con la financiación pública no bastará. Por ello, se requiere reorientar los flujos de inversión privada hacia actividades sostenibles. El origen de la taxonomía hay que buscarlo en marzo de 2018, más concretamente en el Plan de Acción de la Comisión Europea para financiar el crecimiento sostenible y tiene como una de las medidas principales crear la primera lista verde del mundo para clasificar qué actividades económicas pueden catalogarse como ambientalmente sostenibles.

En materia de regulación “social” destaco la resolución del Parlamento Europeo de 10 de marzo 2021, en la que se aprobó el informe legislativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) sobre Debida diligencia empresarial y responsabilidad corporativa que da un mandato a la Comisión para desarrollar una legislación de debida diligencia obligatoria que obliga a las empresas a detectar, prevenir y reducir los efectos adversos en los derechos humanos, el medio ambiente o la buena gobernanza en sus cadenas de valor, y abordar adecuadamente tales efectos adversos cuando se produzcan.

Por último, puedo mencionar el gran salto que se va a producir con la propuesta de la Comisión sobre Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) que modificaría la Directiva 2014/95 y sus requerimientos relativos al Non Financial Reporting (NFRD) –Estados de Información No Financiera (EINF), en castellano–.

Estos temas están siendo abordados por Pacto Global Argentina a través de diferentes webinars “El futuro del reporte de sostenibilidad corporativa”). En consecuencia, considero que en Europa se está produciendo una avalancha regulatoria en materia de sostenibilidad de tal magnitud que va a provocar un cambio sistémico en la manera de gestionar las empresas de esa región, y en la nuestra por consiguiente de América latina y el Caribe.


¿Cuáles son los planes de PNUD Argentina en materia de alianzas con el sector privado para los próximos dos años?

El sector privado tiene una oportunidad única de contribuir con la agenda 2030 en la Argentina. Su rol como implementador y financiador de esta agenda de desarrollo es más clara que nunca antes en la historia.  

El PNUD seguirá impulsando el crecimiento de las finanzas sostenibles y también las inversiones de impacto. En este campo acompañaremos el crecimiento de estas inversiones a través de diferentes estrategias, proporcionando a los inversores, empresas y otros actores, estándares, herramientas y servicios unificados e identificando oportunidades de inversión sostenible en economías emergentes y en desarrollo para canalizar el capital privado hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El informe “Inversión de impacto en Argentina: una oportunidad para el Desarrollo Sostenible del país” muestra que el país tiene un enorme potencial para avanzar en este tipo de inversión y acompañar los avances que se vienen desarrollando en la región debido, entre otras razones, a la calidad de sus emprendedores y del ecosistema emprendedor en general que constituyen una de las mayores fortalezas del país para el desarrollo de inversiones sostenibles.

Estos esfuerzos no se concentrarán sólo a nivel nacional. En la provincia de San Juan, por ejemplo, apoyaremos a la Agencia de Inversiones del gobierno de San Juan en la diversificación de su cartera de intervención de apoyo y transformación al sector privado. Junto al gobierno, estaremos promoviendo empresas de triple impacto y la rendición de cuentas por medio de la presentación de informes de sustentabilidad corporativa.

Recordemos, al mismo tiempo, que las empresas del Pacto Global tienen el desafío de contribuir a los ODS y la red local cuenta con el apoyo del PNUD para avanzar en la construcción de métricas claras que evidencien este impacto.

En esta línea seguiremos impulsando la adopción de compromisos climáticos basados en la ciencia (SBTi) en el sector empresarial, fruto de una alianza PNUD-Pacto Global y en clara articulación con las prioridades climáticas establecidas por la autoridad ambiental.

Por último, quiero mencionar la labor de cooperación que estamos haciendo con la Comisión Nacional de Valores y que permitirá conectar a inversores potencialmente interesados en financiar proyectos con impacto positivo en ESG en actores no tradicionales.

(Noticia originalmente publicada en ComunicarSe)

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