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La UE alcanza acuerdo político sobre la Directiva de debida diligencia sobre sostenibilidad corporativa

Los países de la UE han llegado a un acuerdo para aprobar la Directiva de debida diligencia corporativa (CSDDD), la cual busca obligar a las empresas a integrar los derechos humanos y su impacto medioambiental en sus sistemas de gestión y cadenas de suministro. Duras críticas de importantes ONGs a las concesiones que se han hecho para lograr consenso. Presentamos el documento final.

A fines de 2023, los negociadores del Parlamento y del Consejo Europeo habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, el 9 de febrero de 2024 los Veintisiete decidieron aplazar sin fecha las negociaciones. Ello derivó en el rechazo a la CSDDD que se votó el 28 de febrero de este año.

Finalmente, los Estados miembros se pusieron manos a la obra y llegaron a un acuerdo sobre la CSDDD. El precio fue una dilución significativa del nivel de ambición, pero el núcleo de esta legislación transformadora permanece intacto. Los UNGP estarán, por primera vez, codificados en la legislación de la UE“, afirmó la eurodiputada Lara Wolters.

Según informa Oxfam, los países de la UE han realizado los siguientes cambios al acuerdo de diciembre:

– Una reducción drástica del número de empresas que tendrán que cumplir. Sólo estarán cubiertas las empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual, frente a los 500 empleados y 150 millones de euros acordados anteriormente. Esto significa que menos de 5.500 empresas europeas tendrán que cumplir la ley, frente a las 17.000 estimadas según el acuerdo de diciembre.

– Si la ley entra en vigor a finales de 2024, la mayoría de las empresas (más de 1.000 empleados y una facturación de 450 millones de euros) sólo tendrán que cumplir las normas a partir de 2029. Empresas europeas con más de 5.000 empleados y una facturación anual de más de 1.500 millones de euros deberán cumplir las normas a partir de 2027. Para las empresas con más de 3.000 empleados y una facturación anual de 900 millones de euros, las normas se aplicarán a partir de 2028. Para las empresas no europeas, solo se aplican los umbrales de facturación anual de la UE.

– Las empresas tienen menos obligaciones de comprobar su impacto en los derechos humanos y el planeta, ya que no necesitan monitorear el impacto de sus negocios downstream (clientes) en relación con la eliminación de sus productos, incluido el desmantelamiento, el reciclaje, el compostaje y el vertido.

– Las empresas ya no necesitan alentar a sus directores a seguir adelante con los planes de transición climática con recompensas financieras.

– Los gobiernos pueden limitar el papel de los sindicatos y las ONG a la hora de apoyar a los supervivientes de abusos empresariales para que busquen justicia.

Los países de la UE han aprobado la tan necesaria normativa de Debida Diligencia, pero ¿a qué precio? Ha quedado reducida a su mínima expresión, con un marco ya de por sí débil que ahora solo cubre una parte de todas las grandes empresas. Al sucumbir a la narrativa errónea de que esta ley implica cargas burocráticas desproporcionadas para las PYME, y al reducir drásticamente el número de empresas incluidas en la normativa, los gobiernos de la UE han reducido esta ley a la mitad, y con ella el impacto real que podría haber tenido“, expresó Uku Lilleväli, responsable de políticas de finanzas sostenibles de la Oficina Europea de Políticas de WWF.

El respaldo a la CSDDD es un reconocimiento histórico significativo hacia la regulación de las empresas para que respeten los derechos humanos y los estándares ambientales. La CSDDD sentará las bases para una conducta empresarial responsable dentro de la UE y más allá. Pero está lejos de ser una victoria resonante para las víctimas y los defensores. El compromiso respaldado no alcanza la ambición del acuerdo de diálogo tripartito original debido a maniobras antidemocráticas de último momento por parte de los Estados miembros, que una vez más han traicionado a aquellos a quienes deberían proteger del daño corporativo“, afirmó Nele Meyer, Directora de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ).


Los próximos pasos a seguir serán que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) vote para ratificar el acuerdo en las próximas semanas. El pleno del parlamento deberá dar su aprobación final mediante una votación plenaria en abril. Los países de la UE deberán aprobar oficialmente la legislación a finales de este año, y tendrán que traducirlo a la legislación nacional e implementarlo antes de que pueda hacerse cumplir.

Actualización de último momento:

El 19 de marzo de 2024, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobó el proyecto de ley, acordado con los gobiernos de la UE, que exige a las empresas que mitiguen su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos adoptaron con 20 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención las nuevas normas llamadas “debida diligencia”, que obligan a las empresas a aliviar el impacto adverso que sus actividades tienen sobre los derechos humanos y el medio ambiente, incluida la esclavitud y el trabajo infantil, explotación laboral, pérdida de biodiversidad, contaminación y destrucción del patrimonio natural. El requisito de prevenir, poner fin o mitigar sus efectos negativos también concierne a los socios upstream de las empresas que trabajan en el diseño, la fabricación, el transporte y el suministro, y a los socios downstream, incluidos los que se ocupan de la distribución, el transporte y el almacenamiento.

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