En un nuevo intento por fortalecer la producción energética nacional y limitar lo que considera una “extralimitación estatal”, el presidente Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva que instruye al Departamento de Justicia a actuar contra leyes estatales que imponen sanciones económicas a las empresas energéticas por sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Foto: Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Créditos: Cuenta oficial The White House en X).
La medida, anunciada bajo el título “Proteger la energía estadounidense de la interferencia estatal“, ordena al fiscal general identificar y tomar acciones legales contra normativas locales consideradas inconstitucionales, contrarias a leyes federales o simplemente inaplicables. Según el texto oficial, la prioridad será bloquear legislaciones vinculadas con el cambio climático, la justicia ambiental, los impuestos al carbono y otras iniciativas de responsabilidad ambiental y social.
“La energía asequible y confiable es esencial para la seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos”, afirma el comunicado divulgado por la oficina del presidente. “Las leyes estatales impulsadas por ideologías extremas elevan los precios de la energía, amenazan la confiabilidad del suministro y deterioran la calidad de vida en todo el país”.
El documento cita como ejemplos críticos las políticas adoptadas por estados como Nueva York y Vermont, que han aprobado normas retroactivas para responsabilizar a las empresas por sus emisiones pasadas, así como los límites de carbono impuestos en California, considerados por Trump como “extorsivos” y dañinos para los negocios.
Además de la ofensiva legal, la Orden instruye al fiscal general a presentar un informe en un plazo de 60 días con las acciones emprendidas y nuevas recomendaciones para “proteger la energía estadounidense”.
La medida se enmarca en una serie de iniciativas similares emprendidas durante la administración Trump para frenar lo que ha calificado como “activismo estatal”. Entre ellas se incluyen órdenes ejecutivas para revocar políticas ambientales en California o retirar fondos federales a ciudades santuario que se niegan a aplicar las leyes migratorias federales.
Con esta nueva orden, Trump refuerza su alineamiento con los sectores energéticos tradicionales, mientras vuelve a posicionarse en contra de las políticas ambientales impulsadas por varios Estados demócratas. Su mensaje se podría sintetizar en que las regulaciones climáticas locales no pueden obstaculizar la producción energética nacional.
