Un nuevo informe del Grantham Research Institute advierte sobre el aumento sostenido de litigios climáticos en cortes supremas, la expansión de causas en el Sur Global y el surgimiento de casos que también buscan frenar las políticas ambientales.
Los tribunales más altos del mundo están siendo cada vez más protagonistas en la lucha —y en algunos casos, en la resistencia— contra el cambio climático. Así lo confirma el más reciente estudio publicado por el Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment de la London School of Economics, que da cuenta de un panorama cada vez más complejo, con casi 3.000 litigios climáticos acumulados hasta fines de 2024, distribuidos en cerca de 60 países.
El informe, titulado “Global Trends in Climate Change Litigation: 2025 Snapshot”, ofrece la visión más amplia disponible hasta la fecha sobre la evolución de los litigios climáticos a nivel global. De acuerdo con el análisis, desde 2015 se han presentado al menos 276 casos ante cortes supremas y constitucionales, siendo Estados Unidos el país con mayor número de ellos (117). Le siguen Australia, el Reino Unido y Brasil en el ranking general de cantidad de casos.
Un fenómeno maduro… y disputado
Más del 80% de los casos presentados en 2024 tuvieron un carácter estratégico, es decir, buscaban generar un impacto más allá del caso particular, promoviendo —o, cada vez con más frecuencia, resistiendo— acciones climáticas. En este sentido, el informe advierte una tendencia creciente de litigios que no están alineados con los objetivos climáticos. Solo en 2024, se registraron 60 casos de este tipo, muchos de ellos argumentando que los gobiernos no tienen autoridad suficiente para implementar políticas ambientales, o desafiando agendas empresariales vinculadas al ESG.
La situación en Estados Unidos es paradigmática: de los 164 casos registrados en 2024, una parte importante respondió al fenómeno conocido como ESG backlash, con demandas que buscan frenar iniciativas gubernamentales o corporativas orientadas a la sostenibilidad. Bajo la administración Trump-Vance, el informe anticipa un aumento de litigios provenientes de ambos lados del espectro político.
Las cortes supremas como nuevo campo de batalla
El rol de las cortes supremas y constitucionales ha sido central en esta evolución. En 2024, varias decisiones emblemáticas marcaron precedentes: la Corte Suprema de Noruega suspendió aprobaciones para la explotación de campos petroleros en el Mar del Norte, mientras que el Reino Unido dictó fallos que condicionan nuevas exploraciones fósiles a evaluaciones ambientales más rigurosas.
Si bien el 44% de los casos vinculados a proyectos específicos fue resuelto en favor de la acción climática, el informe señala que aún persisten importantes desafíos probatorios, especialmente en litigios contra empresas por sus emisiones históricas. Un ejemplo es el caso Lliuya v. RWE en Alemania, que si bien fue desestimado por falta de pruebas suficientes, confirmó que las empresas pueden ser responsabilizadas por sus emisiones pasadas.
Nuevas geografías, nuevos actores
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la expansión de litigios climáticos en el Sur Global. Casi el 60% de los casos en estas regiones se registró desde 2020, con un protagonismo creciente de gobiernos, fiscalías y organismos públicos. En Brasil, por ejemplo, se lograron sentencias indemnizatorias basadas en nuevas metodologías para calcular daños climáticos asociados a la deforestación ilegal. Costa Rica, por su parte, aparece por primera vez con casos documentados.
Además, los litigios corporativos se han diversificado. Alrededor del 20% de los casos presentados en 2024 estuvieron dirigidos contra empresas, sus directivos o sus asesores. Si bien las industrias intensivas en carbono siguen siendo las más demandadas, sectores como el alimentario, la moda y los servicios financieros también enfrentan litigios, especialmente por casos de climate washing —prácticas de marketing engañosas sobre compromisos ambientales— o uso inadecuado de créditos de carbono.
¿Qué viene después del juicio?
A medida que los litigios climáticos se consolidan como herramienta política, social y financiera, una nueva pregunta emerge: ¿cómo se implementan las sentencias obtenidas? El informe dedica especial atención al caso KlimaSeniorinnen, una decisión histórica a favor de un grupo de mujeres mayores en Suiza, cuya implementación será clave para evaluar el impacto real de estos fallos en la gobernanza climática.
Como resume Joana Setzer, investigadora del Grantham Institute: “La litigación climática ya no es un fenómeno de nicho. Es un campo maduro, que influye tanto en la política pública como en el comportamiento corporativo, pero que también enfrenta crecientes intentos de freno por parte de distintos sectores”.
En este nuevo escenario, los tribunales del mundo se han convertido en actores centrales de una disputa que ya no solo enfrenta a ciudadanos contra gobiernos o empresas, sino que refleja las tensiones globales sobre cómo, cuándo y quién debe asumir la responsabilidad por el cambio climático.
