Negocios, ONGs y expertos sostienen que un enfoque regulatorio armonizado crearía más valor, reduciría la contaminación y mejoraría los servicios públicos.
Mientras avanzan las negociaciones hacia un Tratado Mundial sobre Plásticos, que retomarán su curso en la próxima reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC 5.2) en agosto, un nuevo estudio aporta razones económicas para adoptar un enfoque regulatorio global y obligatorio. Encargado por Business Coalition for a Global Plastics Treaty, el análisis concluye que un tratado con reglas armonizadas no solo sería más eficaz para frenar la contaminación plástica, sino que también generaría beneficios económicos, sociales y ambientales significativos.
La coalición —integrada por más de 280 empresas, instituciones financieras y organizaciones de la sociedad civil— ha defendido desde el inicio de las negociaciones que la única manera de afrontar esta crisis global es con reglas claras y comunes para todos los países firmantes. Para respaldar esta postura, comisionó al grupo de análisis Systemiq un estudio de modelado que compara dos escenarios: uno con regulaciones armonizadas en tres ejes clave (eliminación de productos problemáticos, diseño de productos y responsabilidad extendida del productor), y otro basado en medidas voluntarias decididas por cada nación.
Los resultados bajo un tratado con obligaciones comunes indican lo siguiente:
- Se eliminarían más del doble de los productos plásticos problemáticos y evitables, en comparación con un enfoque voluntario.
- La mejora en el diseño de productos y sistemas facilitaría su recolección, reciclaje y reutilización, lo que reduciría los residuos mal gestionados a nivel global en un 23%.
- La disponibilidad de contenido reciclado aumentaría un 77% para 2040, reduciendo el costo de materiales reciclados e impulsando modelos de economía circular.
- Los ingresos globales por esquemas de responsabilidad extendida del productor (EPR) podrían duplicarse, pasando de 279.000 millones de dólares a 576.000 millones, si se establecieran principios comunes.
- Se crearían y protegerían empleos de calidad, especialmente en el sector de gestión de residuos, con mejores condiciones laborales y remuneración justa.
- Las comunidades se beneficiarían de servicios públicos más limpios y saludables, lo que también impulsaría sectores como el turismo y la pesca.
- La certeza regulatoria permitiría una mejor toma de decisiones empresariales a largo plazo, reduciendo el costo del capital y acelerando la inversión en soluciones sostenibles.
En contraste, un sistema basado en acciones voluntarias y no coordinadas mantendría altos niveles de residuos plásticos, fragmentaría los mercados y dificultaría tanto la innovación como el cumplimiento por parte de las empresas.
“El estudio demuestra que un tratado con compromisos globales y coherentes no solo es ambientalmente necesario, sino que también tiene sentido económico”, concluyó la coalición. “No actuar coordinadamente significa dejar sobre la mesa oportunidades de valor para las empresas, los gobiernos y la sociedad”.
De cara a la etapa decisiva de las negociaciones, el mensaje de este análisis plantea que solo un acuerdo vinculante y armonizado podrá resolver eficazmente la crisis del plástico, desbloqueando al mismo tiempo un potencial transformador para las economías y las comunidades de todo el mundo.
