El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido introducir una nueva medida en el marco de activos de garantía para gestionar mejor los riesgos financieros relacionados con la crisis climática. Se aplicará a los activos negociables emitidos por las sociedades no financieras y entrará en vigor en el segundo semestre de 2026.
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Según el BCE, el valor de los activos de garantía de las entidades de contrapartida que participan en las operaciones de financiación del Eurosistema es sensible a las incertidumbres relacionadas con el cambio climático. Dado que estas operaciones son un instrumento fundamental para mantener la estabilidad de precios, el Consejo de Gobierno ha decidido incorporar un «factor climático», que podría reducir el valor asignado a los activos admisibles aportados como garantía en función de cuánto puedan verse afectados por dichas incertidumbres.
“Esta medida permite amortiguar su posible impacto financiero. Complementará el actual conjunto de herramientas de gestión del riesgo del Eurosistema teniendo en cuenta análisis prospectivos de escenarios climáticos y, por tanto, reforzará la resiliencia de la implementación de la política monetaria del Eurosistema. La calibración de esta medida preservará la adecuada disponibilidad de activos de garantía”, afirman desde el BCE.
El Consejo de Gobierno ha decidido incorporar el factor climático centrándose en los activos negociables emitidos por las sociedades no financieras y sus filiales, así como en acontecimiento adversos relacionados específicamente con la transición verde. Este factor se aplicará a activos individuales y su calibración tendrá en cuenta los datos sectoriales relativos a los bonos de las sociedades no financieras de la prueba de resistencia climática del balance del Eurosistema de 20241, la puntuación climática del emisor en el marco del programa de compras de bonos corporativos (CSPP, por sus siglas en inglés) y el vencimiento residual del activo.
Está previsto que la medida se implemente en el segundo semestre de 2026. El Consejo de Gobierno la revisará periódicamente para reflejar la disponibilidad creciente de datos y modelos, así como los desarrollos normativos relevantes y los avances en las capacidades de evaluación de riesgos.
