El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el inicio de una investigación formal contra CDP (antes conocido como Climate Disclosure Project) y la iniciativa Science Based Targets (SBTi), por presuntas prácticas engañosas y violaciones a las leyes antimonopolio. La investigación se centra en si estas organizaciones habrían ejercido presión indebida sobre empresas para divulgar información confidencial y pagar por servicios bajo el pretexto de promover la transparencia climática.
Foto: James Uthmeier, fiscal general de Florida.
Según el comunicado de la fiscalía, se han emitido citaciones oficiales a ambas organizaciones con el objetivo de esclarecer si sus actividades constituyen una forma de cartelización climática. “Activistas climáticos radicales han secuestrado la gobernanza corporativa y la han convertido en un arma contra el libre mercado”, afirmó Uthmeier. “Florida no permitirá que grupos de presión internacionales extorsionen a empresas estadounidenses para financiar su negocio ESG”, sentenció.
Fundado en el Reino Unido, CDP administra el mayor sistema de divulgación ambiental a nivel mundial. Según la fiscalía, la organización cobra a las empresas por reportar, actualizar y difundir su información climática, y ofrece servicios pagos que supuestamente mejoran las calificaciones obtenidas, incluso incluyendo declaraciones favorables de sus directivos. Dichas calificaciones son utilizadas por influyentes actores del mercado como Bloomberg, S&P Global e ISS, lo que vincula directamente los puntajes del CDP con el acceso al capital corporativo.
Por su parte, la SBTi —cofundada por el propio CDP junto con el Pacto Global de las Naciones Unidas— ofrece a las compañías la validación de sus metas climáticas, para luego redirigirlas a CDP para reportar sus avances. Para la fiscalía, esto genera un circuito cerrado con fines lucrativos disfrazado de supervisión científica.
La investigación buscará determinar si existieron prácticas comerciales engañosas, como la venta de servicios para obtener mejores puntajes y menciones públicas, la creación de incentivos para obtener trato preferencial y la distorsión de la objetividad de los datos ambientales presentados a inversores y consumidores.
Asimismo, se evaluarán posibles infracciones a la legislación antimonopolio, como la coordinación indebida entre el CDP y entidades financieras para manipular el mercado, y las presiones ejercidas sobre compañías que optan por no participar del sistema, lo que podría tener efectos anticompetitivos.
“Florida seguirá defendiendo la libre empresa y protegiendo a los consumidores frente a esquemas ESG fraudulentos disfrazados de ciencia”, concluyó Uthmeier. La investigación podría tener implicancias significativas sobre el papel de las organizaciones no gubernamentales en la arquitectura regulatoria climática global.
