Con motivo del lanzamiento de una nueva edición del curso Derecho Ambiental para Personal de Empresa, conversamos con Santiago Alonso, Coordinador del área Legal & Compliance del CEADS. La importancia de entender la sustentabilidad desde la mirada del derecho, el choque entre los procesos de desregulación y regulación que se están dando en Argentina, las diferencias entre la agenda de sustentabilidad y la agenda de protección ambiental, y su mirada sobre el futuro de la litigiosidad en materia ambiental global, entre los destacados de la entrevista.

Foto: Santiago Alonso, Coordinador del área Legal & Compliance del CEADS.
¿En qué consiste y a quiénes está dirigido el Curso de Derecho Ambiental para Personal de Empresas?
El curso Derecho Ambiental para Personal de Empresas es un curso corto. Son ocho encuentros, de 3 horas y media cada uno, que está pensado desde la perspectiva del sector privado.
Hace 5 años hemos realizado una alianza con el CEDAF, que es el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), lo cual nos permite tener un cuerpo docente y una currícula muy novedosa y actualizada.
Está pensado para abogados no especialistas en derecho ambiental, y para profesionales no abogados. Creo que esto es lo más rico, porque dentro de los alumnos siempre tenemos distintas ramas de las ciencias, lo que nutre mucho también la clase. Porque cuando uno imparte la docencia siempre está el docente compartiendo conocimientos, pero lo rico a nivel profesional son también los conocimientos entre los alumnos y con los mismos docentes, lo cual es muy interesante.
Además, esta es la quinta edición, que ha ido creciendo en cuanto a contenido y profesionalidad, y es el primer y único curso con esta mirada y con esta temática.
¿Por qué es importante participar? ¿Qué le brinda el programa a los participantes?
Es un curso que sienta las bases para entender la sustentabilidad desde la mirada del derecho, y para entender el medio ambiente desde la mirada jurídica.
Obviamente, depende del tipo de participante la riqueza que va a obtener, pero ciertamente es un curso que al que no es abogado le permite entender el mundo del derecho, y le permite entender cuáles son las regulaciones, las tendencias normativas e inclusive cómo interpretan los jueces esta normativa.
Con lo cual, le da las bases y un buen piso, inclusive, para comunicarse con otras ciencias desde una mirada jurídica. Creo que eso es lo más interesante.
Y es importante participar porque estoy convencido de que todo abogado debe tener cierto conocimiento técnico para trabajar en sustentabilidad. Y todo profesional no abogado tiene que tener ciertas bases jurídicas para entender la mirada legal. Sobre todo en entornos tan regulados como lo es Argentina, donde tenemos un país con 24 jurisdicciones locales que tienen competencias ambientales, y donde los municipios también tienen ciertas competencias ambientales. Entonces, es un panorama complejo, y hay que entenderlo.
A lo largo de las distintas ediciones, ¿se han incorporado nuevos contenidos al programa?
Sí, hemos cambiado mucho. Sobre todo porque siempre tratamos de que sea un curso de vanguardia, pese a que es un curso corto.
Es decir, nosotros contamos las tendencias normativas a nivel internacional y a nivel Argentina. Particularmente en Argentina se está dando un proceso particular, que es que hay una desregulación en general, que todavía en lo ambiental no está impactando de lleno, aunque ya hay algunas desregulaciones ambientales.
Además, en Argentina se está dando un proceso con contradicciones. Uno es el proceso de desregulación, que viene de la mano del Ministerio de Desregulación. Y, por otro lado, Argentina está tratando de ingresar a algunos organismos internacionales como la OCDE. Y para entrar a la OCDE hay que tener muchas regulaciones que Argentina no tiene, o regulaciones que hay que cambiar. Entonces, hay un cierto choque entre esos dos procesos, el desregulador y el regulador, que hay que ir trabajándolos y desarrollándolos.
¿Cómo cree que impacta el contexto de una agenda adversa en un curso de estas características?
Hay que entender que hay dos agendas. Una es la agenda de la sustentabilidad, y otra es la agenda de la protección ambiental, que no necesariamente coinciden 100%.
La agenda de la protección ambiental, es decir, lo que tiene que cumplir un gerente de planta, un responsable de medio ambiente en una planta industrial, en una actividad de servicio, eso no ha cambiado mucho. Las regulaciones, el compliance ambiental que tienen que ver con residuos, efluentes gaseosos, efluentes líquidos, certificaciones, eso no ha variado mucho. Y esa agenda todavía está bastante incólume, de momento.
Pero lo cierto es que las ciencias avanzan, las regulaciones también van cambiando, y hay que mantenerse actualizado.
En principio no veo en Argentina una tendencia a esta agenda adversa para lo que es técnicamente ambiente. Pero para lo que es sustentabilidad, sí. Y eso tiene que ver también con que ha habido un poco de greenwashing.
Pero si uno analiza, por ejemplo, cuál es el discurso de algunos sectores del ambientalismo, ellos consideran que el RIGI y la política del actual gobierno van a atentar contra la protección ambiental. Y eso en los papeles no sucede ni va a suceder. Porque una cosa son los fomentos a determinadas actividades, como las actividades extractivas, la minería, el Oil & Gas, y otra cosa son las regulaciones ambientales de esas actividades, que no han cambiado nada.
Con lo cual hay que seguir estudiando el derecho ambiental, y hay que seguir avanzando y nutriéndose, porque creo que cada vez van a haber más normas que cumplir en materia ambiental.
¿Cómo se abordan los procesos de revisión de las normativas ambientales en los contenidos del curso?
Nosotros año a año hacemos una reunión de revisión de contenidos con el CEDAF, y vemos qué contenidos ya son obsoletos o qué contenidos ya no tiene sentido dar, y cuáles son las tendencias o los temas que corresponde dar.
Por ejemplo, el tema plásticos es un tema que está muy vigente y lo hemos incorporado. También hemos sumado el tema RIGI, y las tendencias regulatorias de cambio climático. Es decir, todo el tiempo revisamos contenidos a los efectos de que sea un curso de avanzada, un curso en el cual uno pueda tener las bases, pero también ver qué es lo que se viene.
Y además, el cuerpo docente que tenemos es un cuerpo docente de lujo, que permite que los alumnos se nutran de estos profesionales que están en la vanguardia de los temas. Y eso se ve reflejado en los casos prácticos que se comentan en clase, en las experiencias que los docentes comparten, con lo cual eso también enriquece mucho el curso.
¿Cómo ve a nivel global el tema de los litigios ambientales?
La litigiosidad en materia ambiental global ha crecido mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con litigios climáticos.
El resto de los litigios ya existen, son parte de la jurisprudencia y sigue habiendo nuevos. Pero el tema de los litigios climáticos ha crecido considerablemente. Y ese es uno de los temas que tratamos específicamente en el curso.
Ha habido sentencias de la Corte Suprema de los Países Bajos, también ha ocurrido lo mismo en Francia. Hace poco salió una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derecho al ambiente y cambio climático. Recientemente también la Corte Internacional de Justicia sacó otra opinión consultiva.
Esto no es jurisprudencia propiamente dicha porque no hay un fallo, no hay una resolución de conflictos entre dos partes, pero sí los jueces en el mundo están resolviendo cuestiones y están diciendo cosas.
Con lo cual esto obliga a repensar también las políticas públicas y las normas que se dictan. Porque ciertamente se está mirando cada vez más esto. Y casi diría que es un contramovimiento. Porque estas opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia son como un contramovimiento a los movimientos desreguladores y de negadores del cambio climático.
Por un lado está el movimiento que le pega a la sustentabilidad, en el cual el cambio climático no existe, o que dice que no tiene ningún sentido proteger. Y por otra parte los jueces están diciendo que acá tenemos un montón de tratados internacionales y de antecedentes que hay que cumplirlos, porque está probado. Con lo cual vamos a estar en un año bastante atípico en relación a esto.