En un intento por alinear al sector financiero con los desafíos socioambientales más urgentes de la región, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) presentó en la COP30 una nueva guía destinada a bancos y aseguradoras de América Latina y el Caribe (ALC). El documento, desarrollado íntegramente en español, busca ofrecer una hoja de ruta práctica para que estas instituciones integren de manera coherente criterios climáticos, sociales y de derechos humanos en sus estrategias y operaciones.
El lanzamiento llega en un momento crítico. ALC es, al mismo tiempo, una de las regiones más vulnerables al cambio climático, la más desigual en términos socioeconómicos y una de las más ricas en biodiversidad. Sin un enfoque justo de la transición, advierte el informe, entre 2,4 y 5,8 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema hacia 2030. Frente a ese escenario, la guía sostiene que la transición no solo debe reducir emisiones, sino también evitar que los costos recaigan desproporcionadamente en los grupos más vulnerables.
La propuesta de UNEP FI incorpora aportes de 16 instituciones financieras de la región y de 17 organizaciones asesoras —incluyendo centros académicos, bancos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil— con el objetivo de traducir los principios de la transición justa en acciones concretas. Entre ellas, se destacan el desarrollo de productos financieros que integren objetivos climáticos y sociales, la implementación de mecanismos para prevenir impactos negativos en comunidades y la necesidad de profundizar el diálogo con actores locales.
El documento también subraya que una transición justa no es solo un imperativo ético sino una oportunidad económica. Alcanzar emisiones netas cero en 2050 podría generar ahorros de hasta US$2,7 billones en la región, al tiempo que abriría nuevos mercados y fortalecería la gestión de riesgos frente a la crisis planetaria triple: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Para bancos y aseguradoras, eso implica movilizar capital hacia soluciones sostenibles y diseñar instrumentos que respondan a las demandas sociales emergentes.
Uno de los puntos más sensibles del informe es el rol de los pueblos indígenas. Aunque representan cerca del 10% de la población regional y administran de manera sostenible vastas extensiones de bosques, reciben menos del 1% del financiamiento climático directo. La guía insiste en que incorporarlos como socios estratégicos es clave para una transición verdaderamente inclusiva.
Con ejemplos concretos de instrumentos financieros ya implementados por instituciones miembro, el reporte busca servir como referencia para un sector que enfrenta presiones crecientes para demostrar resultados tangibles en materia ambiental y social. En un contexto donde la región intenta equilibrar desarrollo económico, protección de la biodiversidad y reducción de desigualdades, la guía se presenta como un intento de traducir los grandes compromisos climáticos en decisiones diarias dentro del sistema financiero.
