En el siguiente artículo de opinión, Nicolás Liarte-Vejrup, Asociado de Empresas y Derechos Humanos y coordinador de Aceleradores de Pacto Global Argentina, plantea que a cinco años de 2030, la sostenibilidad deja de ser un tema regulatorio para convertirse en una variable crítica de continuidad operativa, acceso a mercado y costo de capital. Para el autor, la verdadera pregunta para el sector privado no es si “alcanza la norma”. Es si alcanza el contexto, el cual ya no está esperando.
Foto: Nicolás Liarte-Vejrup, Asociado de Empresas y Derechos Humanos y coordinador de Aceleradores de Pacto Global Argentina.
A cinco años de 2030, el problema ya no es la falta de compromisos, sino la falta de incentivos y coherencia para cumplirlos. En un contexto de “emergencia global del desarrollo”, la reducción de exigencias regulatorias no elimina riesgos: los desplaza hacia la licencia social, el costo de capital y la continuidad operativa.
Quedan cinco años para la Agenda 2030. En términos empresariales, eso equivale a un ciclo completo de inversión, rediseño de procesos, renegociación de contratos críticos y recalibración de riesgos. Lo inquietante es que, aun con ese margen, la evidencia disponible muestra que el mundo no avanza al ritmo necesario: solo el 35% de las metas con datos comparables progresa adecuadamente (18% en ruta y 17% con avances moderados), mientras que un 18% ha retrocedido respecto de 2015.
Este desfase no es un debate reputacional: es un problema de viabilidad. El Sustainable Development Goals Report 2025 lo denomina sin rodeos “emergencia global del desarrollo”, con señales simultáneas de presión social, climática y financiera. En otras palabras: el contexto se endurece, incluso cuando algunos marcos regulatorios parecen relajarse.
El giro europeo: menos regulación no significa menos riesgo
El 16 de diciembre de 2025, el Parlamento Europeo adoptó una posición legislativa para modificar obligaciones vinculadas a información de sostenibilidad y diligencia debida, con el objetivo de reducir cargas y mejorar la competitividad.
En materia de diligencia debida, el texto propone elevar de manera significativa los umbrales de aplicación (de 450 a 1.500 millones de euros de facturación y de 1.000 a 5.000 empleados), reduciendo el universo de empresas alcanzadas. En reporte, se reconfigura el alcance hacia compañías con más de 450 millones de euros de volumen de negocios neto y más de 1.000 empleados. Para empresas de terceros países, se eleva el umbral de volumen de negocios neto en la Unión Europea de 150 a 450 millones de euros. Y en verificación, se extiende el horizonte de normas de aseguramiento limitado, evitando avanzar hacia la verificación razonable por el riesgo de mayores costos.
La discusión sobre la proporcionalidad es legítima. El problema aparece cuando el mensaje operativo se interpreta mal: “si baja la presión normativa, puedo bajar la ambición”. Ese razonamiento es estratégico y financieramente riesgoso, porque confunde regulación con demanda. Hoy, la demanda de sostenibilidad —bien entendida— se desplaza hacia donde el negocio no puede ignorarla: cadenas de suministro, continuidad operativa, costo de capital y licencia social.
Licencia social: el nuevo activo crítico de continuidad operativa
El contexto actual ya no permite tratar la sostenibilidad como un accesorio. El mismo informe de 2025 registra un aumento del desplazamiento forzado por encima de los 120 millones de personas —más del doble que en 2015— junto con presiones climáticas crecientes y restricciones financieras severas por costos récord del servicio de deuda en países de ingresos bajos y medios.
Esta combinación incrementa la probabilidad de conflictividad, volatilidad regulatoria, disrupciones logísticas y tensiones comunitarias. Para las empresas, el impacto es concreto: la licencia social se convierte en un activo crítico para operar sin interrupciones, evitar la escalada de conflictos y sostener relaciones estables con trabajadores, comunidades y autoridades.
Cuando la licencia social se debilita, el impacto aparece donde más duele: cronogramas incumplidos, sobrecostos, pérdida de productividad, judicialización y deterioro reputacional que encarece el financiamiento. No es un concepto “blando”; es una condición de viabilidad operativa.
Cadenas de suministro: la sostenibilidad como estándar comercial
Incluso con menos empresas formalmente alcanzadas por obligaciones, el requerimiento no desaparece: se redistribuye a lo largo de la cadena. El propio texto europeo reconoce que proveedores —incluidas pymes— reciben solicitudes “desproporcionadas” de información por parte de empresas obligadas a reportar, e introduce protecciones para compañías por debajo de los 1.000 empleados.
Este punto es clave para la gestión corporativa: la sostenibilidad se está consolidando como un estándar comercial. En la práctica, grandes compradores y líderes de cadena seguirán exigiendo datos, trazabilidad, controles y evidencias para proteger su propia exposición a riesgos, sostener acceso a mercados y garantizar consistencia operativa.
Reducir ambición interna puede convertirse, entonces, en una trampa: se pierde elegibilidad en procesos de compra, se encarece la relación con aseguradoras y financiadores, y se debilita la capacidad de anticipar impactos antes de que escalen.
Costo de capital: la diligencia debida como señal de empresa “financiable”
En un entorno de mayor volatilidad, la calidad de la gestión de riesgos no financieros se vuelve una variable económica. La diligencia debida —en derechos humanos, ambiente, estándares laborales e integridad— actúa como una prueba de madurez del gobierno corporativo.
Permite demostrar que la organización identifica impactos, prioriza por gravedad, implementa controles, monitorea su efectividad y ofrece mecanismos de queja y reparación. En términos de negocio, la diligencia debida reduce la incertidumbre. Y reducir incertidumbre es un activo financiero: facilita el acceso al capital, mejora condiciones de financiamiento, disminuye primas de riesgo y evita sorpresas que luego se pagan con penalidades, provisiones o deterioro de valor.
La ventaja competitiva real: gestión, no retórica
A cinco años de 2030, el diferencial no será quién publica el mejor discurso, sino quién construye capacidades operativas verificables. En este escenario, la ventaja competitiva no se declama: se gestiona.
Esto implica, como mínimo:
- Integrar la licencia social a la gestión de riesgos, no como “relaciones comunitarias”, sino como continuidad operativa, con KPIs, alertas tempranas y seguimiento.
- Mapear la cadena crítica y priorizar por gravedad, focalizando en eslabones y territorios donde los impactos pueden ser severos, incluso si la probabilidad es baja.
- Fortalecer datos y trazabilidad, porque sin información confiable no hay decisiones estratégicas posibles.
- Sostener aseguramiento y control interno, aun en contextos de verificación limitada, para reducir riesgos y mejorar comparabilidad.
- Implementar mecanismos efectivos de queja y reparación, ya que la reparación temprana siempre cuesta menos que el conflicto tardío.
La Agenda 2030 no se pierde solo por falta de voluntad. Se pierde cuando los incentivos premian el corto plazo y castigan la inversión en resiliencia. En este escenario, la diligencia debida no es un costo: es una ventaja competitiva para operar, financiarse, vender y sostener legitimidad.
La verdadera pregunta para el sector privado no es si “alcanza la norma”. Es si alcanza el contexto. Y el contexto, como muestran los datos, ya no está esperando.
