Chile dio un paso significativo en los mercados financieros internacionales al emitir el primer bono soberano del mundo cuyo costo financiero está directamente vinculado al cumplimiento de metas específicas de protección y gestión efectiva de la biodiversidad. La operación, realizada en el marco del Plan de Financiamiento del Fisco para 2026, alcanzó un monto total equivalente a US$4.375 millones y registró una demanda ampliamente superior a la oferta, consolidando la posición del país como emisor pionero en instrumentos financieros sostenibles.
Foto: Nicolás Grau, ministro de Hacienda de Chile.
La colocación incluyó tres instrumentos: un bono en dólares con vencimiento en abril de 2031 por US$850 millones; un bono en euros con vencimiento en abril de 2032 por €1.500 millones; y un bono en euros vinculado a la sostenibilidad (Sustainability-Linked Bond, SLB), con vencimiento en abril de 2036, también por €1.500 millones. Este último constituye el hito central de la operación, al incorporar una estructura que permite reducir la tasa de interés si el país cumple metas previamente definidas en materia de biodiversidad.
El interés de los inversionistas fue elevado. Las órdenes superaron los €10.000 millones para los tramos en euros y los US$4.500 millones para el bono en dólares, reflejando, según el Ministerio de Hacienda, la confianza del mercado en la solidez macroeconómica de Chile, la credibilidad de su marco fiscal y su estrategia de financiamiento de largo plazo. Las tasas finales se ubicaron en 4,372% para el bono en dólares a cinco años, 3,46% para el bono en euros a seis años y 3,928% para el SLB en euros a diez años.
El bono vinculado a la sostenibilidad se estructura bajo el Marco de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de la República de Chile, actualizado en julio de 2025 y alineado con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal. En particular, el instrumento está asociado a un Indicador Clave de Desempeño (KPI) con dos componentes: alcanzar al menos un 30% del territorio terrestre bajo protección oficial hacia 2030 y lograr que al menos un 10% del territorio cuente con criterios de protección y gestión efectiva de áreas protegidas.
De manera inédita para una emisión soberana chilena, el diseño del bono contempla un incentivo financiero explícito: si el país cumple estas metas, la tasa de interés del instrumento puede reducirse (step-down), lo que se traduciría en un menor costo de financiamiento para el Estado. La estructura fue respaldada por una opinión de segundas partes (Second Party Opinion, SPO), que destacó la ambición y robustez del KPI utilizado.
“El bono marca un hito al alinear el costo de financiamiento del Estado con metas concretas de protección de la biodiversidad”, señaló el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien subrayó que este enfoque ha sido “altamente valorado por los inversionistas” y refuerza la credibilidad de la estrategia fiscal de largo plazo del país.
Desde el ámbito ambiental, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que se trata de la primera emisión soberana a nivel internacional ligada directamente a la Meta 3 del Marco Global de Biodiversidad, que busca ampliar y fortalecer las áreas protegidas. “Permite al país acceder a los mercados comprometiéndose con metas ambientales concretas, alineando incentivos financieros con el cuidado del capital natural”, afirmó.
Tras esta emisión, el 38% del stock total de deuda soberana de Chile queda asociado a instrumentos con denominaciones ambientales, sociales o de gobernanza (ESG), reforzando su perfil como emisor líder en finanzas sostenibles. La operación fue realizada bajo la ley de Nueva York y registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), con la participación de Santander, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan y Société Générale como bancos colocadores.
Más allá de los resultados financieros, la emisión marca un punto de inflexión en la forma en que los Estados pueden vincular su acceso al capital con compromisos verificables de política pública ambiental, abriendo una nueva etapa en la relación entre finanzas soberanas y protección de la biodiversidad.
