En el siguiente artículo de opinión, Sebastián Bigorito, director ejecutivo del CEADS, propone una lectura geoestratégica sobre la flexibilización regulatoria europea más allá de la agenda ESG. A partir del llamado Ómnibus europeo y de los nueve paquetes sectoriales que avanzaron en paralelo, el autor sostiene que el foco no debería reducirse a una supuesta confrontación entre sostenibilidad y competitividad, sino ampliarse hacia un análisis más profundo sobre los límites, rendimientos y prioridades de la regulación en un escenario global marcado por tensiones geopolíticas, desaceleración económica y una creciente disputa por la productividad industrial.
Foto: Sebastián Bigorito, director ejecutivo del CEADS.
Durante gran parte de 2025, el debate global sobre la regulación empresarial pareció girar alrededor de un único eje: el Ómnibus ESG europeo. Los ajustes a las directivas de reporte corporativo, debida diligencia y a la Taxonomía fueron presentados como respuesta a una excesiva carga regulatoria que enfrentaban las empresas en la Unión Europea, un proceso que fue seguido con máxima atención en todo el mundo por el potencial efecto extraterritorial que podía generarse.
El argumento de fondo partía de una tensión emergente. Si bien la gestión sostenible resulta un activo estratégico para las empresas, la acumulación normativa podría empezar a afectar su competitividad, en particular para el caso de pequeñas y medianas compañías. Esa inquietud fue recogida y sistematizada en el informe de Mario Draghi sobre el futuro de la competitividad europea, que puso sobre la mesa la necesidad de revisar la densidad regulatoria del bloque.
En medio de un ajedrez geopolítico complejo —con potencias reconfigurando su política energética, conflictos bélicos y geocomerciales y un multilateralismo tensionado— la polarización discursiva funcionó como telón de fondo. Y fue en ese contexto que el ecosistema institucional de la sostenibilidad llegó rápidamente a un diagnóstico presuntivo: el ESG estaba siendo golpeado.
Pero esa lectura puede haber sido incompleta dado que el fenómeno no se limitó a la arquitectura ESG. En paralelo, la flexibilización regulatoria avanzó por múltiples y extensas verticales estratégicas.
Mientras el debate se concentraba en la CSRD, la CSDDD y la Taxonomía, debajo del radar se activaban nueve paquetes Ómnibus adicionales que, aun vinculados a sostenibilidad, involucraban sectores estratégicos y dinámicas de política industrial mucho más amplias que el núcleo del ESG corporativo:
- En financiamiento, simplificación de condiciones de acceso dentro del programa InvestEU.
- En agricultura, reducción de inspecciones y condicionalidades ambientales en el marco de la Política Agrícola Común.
- En baterías y minerales críticos, postergación de exigencias de debida diligencia.
- En sustancias químicas, simplificaciones en normas de clasificación y etiquetado.
- En el sector automotriz, mecanismos de flexibilidad sobre los objetivos de emisiones al 2035.
- En alimentos y pesticidas, extensiones de aprobación con menor frecuencia de revisión.
- En digitalización e Inteligencia Artificial, ajustes en enforcement vinculados a IA y datos, incluyendo simplificaciones en obligaciones para sistemas de alto riesgo y una implementación más gradual del AI Act, priorizando competitividad tecnológica frente a rigidez regulatoria.
- En defensa, excepciones regulatorias a determinadas sustancias bajo la lógica de autonomía estratégica.
A la luz de este conjunto de medidas, parece más apropiado considerar que la agenda de sostenibilidad no fue tanto el “target” principal, sino parte de un proceso de revisión regulatoria bastante más amplio.
Reducir el fenómeno a “ESG versus competitividad” es una simplificación excesiva. Y presentarlo como “regulación versus competitividad” corre el riesgo de convertirse en un eslogan fácil.
Volviendo a Draghi, podemos interpretar que está señalando algo más profundo: que la regulación también enfrenta rendimientos marginales decrecientes. En una primera fase, mejora transparencia, nivela el campo de juego, orienta capital y aporta estabilidad. En una segunda fase, cuando la complejidad y superposición aumentan, puede elevar costos administrativos, ralentizar inversión, generar incertidumbre jurídica y debilitar la posición industrial frente a competidores globales.
Este proceso coincidió con un contexto macroeconómico exigente. Las proyecciones del FMI y la OCDE muestran una expansión europea más moderada en los últimos años, en un entorno de desaceleración económica y presión sobre el consumo en varias economías desarrolladas. El shock energético posterior a la guerra en Ucrania impactó con mayor intensidad en Europa, afectando inflación y competitividad industrial.
A ello se suman dinámicas globales como la desaceleración del mercado interno chino y la consiguiente presión exportadora derivada de sobrecapacidad industrial, que ha impactado en precios internacionales y en la competitividad de sectores como acero, químicos y manufacturas intensivas. En paralelo, la brecha de productividad entre Estados Unidos y Europa, señalada en el propio informe Draghi, reforzó la percepción de que la competitividad debía volver al centro del debate económico.
En contraste, mecanismos como el CBAM (algo como un carbon-tax de frontera) o el Reglamento de Deforestación (EUDR), no formaron parte central de los procesos de simplificación vinculados al Ómnibus.
No resultaría aventurero interpretar que este tratamiento diferencial radicaría en que en estos dos casos la “carga administrativa” existente recae sobre circuitos productivos extracomunitarios.
El Omnibus ESG fue el árbol visible del debate. Los nueve paquetes sectoriales restantes constituyen el bosque menos evidente de un proceso de flexibilización regulatoria que atraviesa múltiples sectores estratégicos.
Este análisis no desconoce la existencia de un verdadero reseteo en las agendas de sostenibilidad, influido por un nuevo mapa geopolítico. Tampoco implica relativizar que Europa continúa siendo la principal usina normativa y de vanguardia en materia de sostenibilidad a nivel global.
El debate no es ESG versus Competitividad, sino el equilibrio entre regulación y productividad.
