El gobierno de Corea del Sur puso en marcha el proceso para introducir el reporte obligatorio de sostenibilidad en su mercado de capitales, con un cronograma que prevé que las primeras grandes empresas comiencen a divulgar información ESG a partir de 2028. La iniciativa forma parte de una hoja de ruta presentada por la Comisión de Servicios Financieros (FSC), el regulador financiero del país, que busca establecer un sistema de divulgación progresivo y alineado con los estándares internacionales.
Foto: byunghyun lee / Pexels.
El plan propone que la obligación comience con las compañías que cotizan en el principal índice bursátil del país, el KOSPI Index, que cuenten con activos consolidados superiores a 30 billones de wones —unos 20.000 millones de dólares—. Estas empresas deberán presentar reportes de sostenibilidad en 2028 utilizando datos correspondientes al ejercicio 2027. Según estimaciones oficiales, el grupo inicial alcanzaría a alrededor de 58 compañías.
El alcance del sistema se ampliaría gradualmente. El borrador contempla que en 2029 se incorporen empresas cotizadas con activos superiores a 10 billones de wones, mientras que la inclusión de compañías más pequeñas será evaluada posteriormente en función del nivel de preparación del mercado y de la evolución de las prácticas regulatorias a nivel global.
La propuesta fue presentada junto con los nuevos estándares de reporte elaborados por la Junta de Normas de Contabilidad de Corea (KASB), que constituyen el marco técnico para la divulgación de información de sostenibilidad. Estos estándares están diseñados para mantener una amplia convergencia con las normas desarrolladas por el International Sustainability Standards Board (ISSB), organismo creado por la Fundación IFRS para establecer criterios globales de reporte.
En términos estructurales, el sistema coreano replica los dos pilares principales del marco internacional: un estándar general sobre divulgación de información financiera vinculada con la sostenibilidad y otro centrado en riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Ambos reflejan la arquitectura de las normas internacionales IFRS S1 y IFRS S2, que se han convertido en el punto de referencia para múltiples jurisdicciones que avanzan en la regulación de los reportes ESG.
No obstante, la hoja de ruta coreana introduce ciertos ajustes en los plazos de implementación. Durante los primeros años, la divulgación se concentrará principalmente en información climática, mientras que los reportes sobre otros riesgos y oportunidades de sostenibilidad permanecerán inicialmente como opcionales, con la posibilidad de ampliarse más adelante.
Uno de los cambios más relevantes se refiere a la divulgación de emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3, que incluyen aquellas generadas a lo largo de la cadena de valor. Mientras que el estándar internacional prevé un período de transición de un año para este requisito, el plan coreano plantea un plazo de tres años antes de que la obligación entre plenamente en vigor. De acuerdo con el cronograma propuesto, las grandes empresas comenzarían a reportar estas emisiones a partir de 2031.
El borrador también prevé excepciones temporales en la fase inicial. Determinadas subsidiarias que representen menos del 10% de los activos o ingresos consolidados podrían quedar excluidas del reporte durante el primer año, y algunas cadenas de valor que involucren pequeñas y medianas empresas fuera de industrias intensivas en carbono también podrían quedar exceptuadas mientras el sistema se consolida.
En paralelo, el regulador plantea mecanismos para reducir la exposición legal de las empresas durante la etapa de transición. Entre ellos se encuentra un sistema de “puerto seguro” que busca limitar las sanciones cuando la información divulgada se base en estimaciones o proyecciones razonables, incluso si posteriormente se detectan errores.
Otro elemento relevante es que la verificación externa de los reportes será inicialmente voluntaria. La posibilidad de exigir aseguramiento por terceros se evaluará en etapas posteriores, siguiendo la evolución de las prácticas internacionales en materia de reporte corporativo de sostenibilidad.
En materia de supervisión, el enfoque inicial también apunta a una aplicación gradual. En lugar de priorizar sanciones, el regulador prevé concentrarse en la emisión de guías y orientaciones para facilitar la adaptación de las empresas al nuevo régimen.
La Comisión de Servicios Financieros abrió un proceso de consulta pública para recoger comentarios del mercado hasta finales de marzo, con el objetivo de aprobar la versión final de la hoja de ruta en abril de 2026. En paralelo, el gobierno anunció que la institucionalización del sistema de divulgación ESG estará acompañada por un programa de financiamiento climático que prevé movilizar alrededor de 790 billones de wones hasta 2035 a través de instituciones financieras públicas, como parte de la estrategia nacional de transición hacia una economía baja en carbono.
