No deja balances auditados ni aparece en los estados contables, pero drena valor a escala global. La desinformación —esa mezcla de contenido manipulado, campañas coordinadas y algoritmos amplificando ruido— ya no es solo un problema de verdad o mentira: es una economía paralela que, según estimaciones recientes, movió en 2024 alrededor de 417.000 millones de dólares. Una cifra que obliga a cambiar el enfoque: de fenómeno político a riesgo económico estructural, con efectos tangibles sobre empresas, mercados y consumidores.
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El cálculo surge de un estudio de la firma tecnológica Sopra Steria, que propone una metodología inspirada en modelos del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) para dimensionar un fenómeno hasta ahora difícil de medir. El resultado no solo cuantifica pérdidas, sino que ordena el impacto en tres planos: financiero, social y político.
La mayor parte del costo —unos 393.000 millones de dólares— corresponde a efectos económicos directos: fraudes, manipulación de mercados, campañas de desestabilización corporativa y decisiones de consumo influenciadas por información falsa. En este último punto, el dato es elocuente: aproximadamente 227.000 millones de dólares en gasto global estarían condicionados por reseñas falsas en entornos digitales. En términos prácticos, la desinformación no solo engaña: reasigna demanda, premia productos de menor calidad y castiga ofertas legítimas.
El resto del impacto se distribuye entre costos sociales —cercanos a los 10.000 millones, vinculados a efectos en salud y bienestar— y costos políticos —más de 14.000 millones asociados a la protección de procesos democráticos y la respuesta estatal a la manipulación informativa—. Aunque menores en volumen, estos componentes revelan que el fenómeno excede el ámbito estrictamente económico y se proyecta sobre el funcionamiento institucional.
Una industria en expansión
El informe identifica un cambio de escala. La desinformación ya no opera de manera fragmentada: se ha industrializado. La combinación de redes sociales, modelos de negocio basados en la atención y herramientas de inteligencia artificial generativa permitió automatizar la producción y distribución de contenido engañoso.
Este salto tecnológico tiene un correlato económico: el impacto de la desinformación habría crecido entre un 15% y un 20% adicional por efecto de la IA. A esto se suman nuevas modalidades de fraude, como los deepfakes o las estafas con criptomonedas, que incrementan la sofisticación y el alcance de las operaciones.
El desequilibrio entre quienes generan y quienes intentan contener la desinformación es otro rasgo distintivo. Mientras los primeros monetizan el fenómeno —a través de publicidad, fraude o manipulación de mercados—, los segundos operan con recursos limitados. El resultado es una brecha que amplifica el problema.
Empresas bajo presión
Aunque el fenómeno tiene derivaciones políticas evidentes, su impacto sobre el sector privado es cada vez más directo. El estudio señala que las empresas no solo son víctimas colaterales, sino también blancos específicos de campañas de manipulación.
El sector financiero aparece especialmente expuesto. La razón es estructural: depende de la confianza y de la integridad de la información, dos variables particularmente vulnerables a la desinformación. Pero el riesgo no se limita a bancos o fintechs. Compañías de consumo, plataformas digitales y empresas cotizantes enfrentan escenarios donde una narrativa falsa puede alterar la percepción pública, afectar la demanda o incluso impactar en su valuación.
Desde boicots basados en información errónea hasta operaciones coordinadas para erosionar reputaciones, la desinformación introduce una variable difícil de anticipar en la gestión corporativa.
De lo reputacional a lo sistémico
El cambio de enfoque comienza a consolidarse en la agenda global. El World Economic Forum ha señalado a la desinformación como uno de los principales riesgos globales en un contexto atravesado por la pospandemia, la aceleración tecnológica y la creciente tensión geopolítica.
En ese marco, el desafío para el sector privado es conceptual: dejar de tratar la desinformación como un problema de comunicación o reputación y abordarla como un riesgo estratégico. Esto implica integrarla en las matrices de riesgo junto a amenazas como el cibercrimen o el cambio climático, y desarrollar capacidades específicas para su monitoreo y mitigación.
La respuesta: coordinación y resiliencia
El informe de Sopra Steria plantea que la respuesta no puede ser fragmentada. Así como la ciberseguridad evolucionó hacia modelos colaborativos, la gestión del riesgo informacional requiere coordinación entre empresas, Estados, plataformas tecnológicas y comunidad científica.
El concepto que emerge es el de “resiliencia informativa”: la capacidad de anticipar, detectar y responder a campañas de desinformación sin comprometer la confianza del sistema. En términos económicos, se trata de proteger un activo cada vez más crítico: la calidad de la información que sostiene decisiones, transacciones y expectativas.
La magnitud del problema sugiere que el costo de la inacción seguirá creciendo. En un mercado donde la percepción influye tanto como los fundamentals, la desinformación ya no es un ruido de fondo: es una variable que redefine el funcionamiento mismo de la economía.
