El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay presentó una nueva reglamentación destinada a prevenir, atender e investigar situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral del sector privado. La iniciativa busca fortalecer la protección de trabajadoras y trabajadores, en respuesta a debilidades detectadas en el sistema vigente.
Foto: OIT.
El impulso a esta normativa surge de un diagnóstico institucional que evidenció importantes brechas: pese a registrarse miles de consultas anuales vinculadas a estos temas, apenas el 8% derivaba en denuncias formales. Entre los principales obstáculos se identificaron la falta de protocolos claros y barreras administrativas que dificultaban el acceso a mecanismos de protección.
Con la nueva reglamentación, el Ministerio apunta a establecer procedimientos más accesibles, eficaces y con un fuerte enfoque preventivo. Uno de los ejes centrales es la incorporación de una perspectiva de género, que reconoce el impacto diferenciado de la violencia en el mundo laboral: según datos oficiales, el 82% de las personas que solicitan asesoramiento en estos casos son mujeres.
La normativa entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y otorgará a las empresas privadas un plazo de seis meses para adecuar sus protocolos internos. Además, establece la obligación inmediata de investigar los hechos denunciados y adoptar medidas de protección una vez implementada.
El nuevo marco regulatorio fue elaborado mediante un proceso de diálogo social, con apoyo técnico del Ministerio del Trabajo de Chile y la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, se alinea con el Convenio núm. 190 de la OIT, orientado a erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y forma parte del Plan Nacional de Equidad Laboral impulsado por la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades.
La nueva resolución reemplaza la normativa anterior (MTESS N° 388/2019) y refuerza las obligaciones empresariales en materia de prevención y respuesta ante estos casos.
La presentación se realizó en un encuentro que reunió a representantes del sistema de justicia, organizaciones de empleadores y trabajadores, el ámbito académico y organismos internacionales. Participaron autoridades del Sistema de Naciones Unidas, en el marco de iniciativas conjuntas con el Banco Mundial y el apoyo del Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
