Un nuevo informe elaborado por Baker McKenzie junto al Foro Económico Mundial advierte que los litigios climáticos dejaron de ser un fenómeno aislado para convertirse en un riesgo sistémico con impacto directo en la estrategia empresarial. El reporte, titulado “Climate Litigation: From Compliance to Strategic Imperative”, plantea que comprender y gestionar este tipo de riesgos es hoy una prioridad para directorios y altos ejecutivos en todo el mundo.
El estudio sostiene que el cambio climático está siendo cada vez más abordado por tribunales y reguladores como un riesgo legal que debe ser anticipado, gestionado y comunicado al más alto nivel corporativo. En este contexto, los litigios climáticos ya no se limitan a disputas puntuales, sino que inciden en áreas clave como la gobernanza, la asignación de capital y el acceso a mercados.
Uno de los principales aportes del informe es la identificación de cinco tendencias globales que están redefiniendo la exposición legal de las empresas. Entre ellas, se destaca la ampliación de la responsabilidad más allá de las operaciones directas hacia toda la cadena de valor, así como un mayor escrutinio judicial sobre la coherencia entre los planes de transición climática y las decisiones de inversión. También crecen las demandas basadas en derechos y deberes de cuidado, que cuestionan cómo los directorios gestionan riesgos climáticos previsibles.
En paralelo, se intensifican los litigios por greenwashing, en la medida en que los compromisos ambientales y las declaraciones de sostenibilidad comienzan a ser considerados representaciones legales sujetas a verificación. A esto se suma el rol cada vez más influyente de las demandas judiciales en la configuración de políticas públicas, regulaciones y expectativas de inversores.
Alyssa Auberger, Chief Sustainability Officer de Baker McKenzie, señaló que existe un creciente nivel de escrutinio sobre las divulgaciones climáticas corporativas. Según explicó, los demandantes analizan en detalle qué informan las compañías y cómo evalúan los riesgos climáticos, lo que obliga a los directorios a ejercer un control riguroso sobre estas comunicaciones, tratándolas con el mismo nivel de exigencia que cualquier riesgo legal o financiero material.
En la misma línea, Renata Amaral, socia de Trench Rossi Watanabe, afirmó que los tribunales ya no se enfocan en si las empresas reconocen el cambio climático, sino en si lo integran efectivamente en su gobernanza y toma de decisiones. En muchos casos, sostuvo, los litigios están llenando vacíos donde las políticas públicas o las prácticas empresariales aún no avanzan al mismo ritmo.
El informe, basado en un análisis comparado de distintas regiones —incluyendo Europa, América del Norte, América Latina, Asia-Pacífico y África—, muestra que las acciones judiciales no solo buscan impugnar decisiones corporativas específicas, sino también influir en marcos regulatorios y comportamientos de mercado. En este sentido, los tribunales evalúan cada vez más si las consideraciones climáticas están integradas en la gestión de riesgos, los planes de transición y las divulgaciones públicas, en lugar de ser meros compromisos aspiracionales.
Entre las conclusiones, el reporte advierte que el riesgo de litigio suele surgir de inconsistencias entre los compromisos climáticos y la realidad operativa, así como de desalineaciones entre planes de transición y asignación de capital o entre expectativas sobre la cadena de valor y los mecanismos efectivos de supervisión.
Finalmente, el documento subraya que los litigios climáticos deben ser interpretados como una señal temprana de cambios más amplios en políticas públicas y dinámicas de mercado, y no solo como una cuestión de cumplimiento normativo. Para las empresas, el desafío ya no es únicamente evitar demandas, sino incorporar el riesgo climático como un eje central de su estrategia de negocio.
