En el marco de una nueva publicación de Pacto Global Argentina, Nicolás Liarte-Vejrup, asociado de Empresas y Derechos Humanos y coordinador de Aceleradores de la organización, reflexiona sobre los desafíos de pasar “del tener al gestionar” y analiza el papel de la debida diligencia, la generación de evidencia y la articulación entre actores para consolidar una gestión empresarial basada en los derechos humanos. En su análisis, sostiene que esta agenda atraviesa una etapa de transformación en la que ya no alcanza con contar con políticas, compromisos públicos o declaraciones institucionales: las crecientes exigencias regulatorias, sociales y corporativas demandan que las empresas demuestren, de manera concreta y verificable, cómo identifican, previenen y gestionan sus impactos.
Foto: Nicolás Liarte-Vejrup, Asociado de Empresas y Derechos Humanos y coordinador de Aceleradores de Pacto Global Argentina.
Durante mucho tiempo, la agenda de empresas y derechos humanos corrió el riesgo de quedar atrapada en una zona cómoda: la de los compromisos bien redactados, las políticas corporativas disponibles y las declaraciones institucionales correctas. Todo ello es necesario, pero ya no alcanza. El nuevo desafío consiste en demostrar que esos compromisos funcionan, que ordenan decisiones, que previenen impactos negativos y que permiten reparar cuando algo falla.
Ese es, precisamente, el valor de la publicación “De tener a gestionar: resultados estudio de empresas y derechos humanos”, elaborada por Pacto Global Argentina. Su aporte no reside solo en reunir evidencia, sino en ponerle método a una pregunta incómoda y urgente: ¿las empresas están gestionando efectivamente sus impactos en derechos humanos o todavía se encuentran en una etapa predominantemente declarativa?
La respuesta que ofrece el estudio es matizada y, por eso mismo, valiosa. El análisis exploratorio realizado con empresas de la Red Argentina del Pacto Global muestra avances concretos: una alta presencia de políticas formales de derechos humanos, procesos de debida diligencia y mecanismos de queja. Entre quienes respondieron los ítems centrales, el 91,7% declara contar con política de derechos humanos, el 90,9% con procesos de debida diligencia y el 100% con mecanismos de queja y aplicación de la política a la cadena de valor.
Pero el dato más relevante aparece en la brecha: solo el 36,4% declara utilizar matrices de riesgo. Allí está el punto crítico. Sin análisis sistemático de riesgos, sin criterios de saliencia, sin participación de actores externos y sin indicadores de remedio, la arquitectura institucional puede quedar incompleta. Se puede tener política, canal y procedimiento, pero no necesariamente capacidad de priorizar, prevenir, aprender y transformar.
El paso decisivo ya no es pasar de no tener a tener. Es pasar de tener a gestionar: convertir compromisos en decisiones, evidencia y resultados verificables.
Por eso, la publicación llega en un momento especialmente oportuno. La debida diligencia en derechos humanos dejó de ser una conversación reservada a especialistas y se convirtió en un componente central de la sostenibilidad, de la competitividad y de la conducta empresarial responsable. La actualización de las Directrices de la OCDE, la evolución normativa europea y las crecientes expectativas de inversores, consumidores, sindicatos, comunidades y organismos públicos obligan a mirar esta agenda con más profundidad.
La mesa redonda Cerrando las brechas: debida diligencia en derechos humanos fue pensada justamente con ese espíritu: no como una presentación protocolar, sino como un espacio cerrado de conversación estratégica entre actores que tienen capacidad real de incidir. La participación de referentes como YPF, Sancor Seguros, el Punto Nacional de Contacto, el Embajador Jordan, Grupo Brasil, Pacto Global Argentina y otros representantes del sector empresarial, público y de la sociedad civil permitió ampliar la discusión más allá del documento y llevarla al terreno de las decisiones.
Ese tipo de encuentros es fundamental porque la agenda de derechos humanos no se resuelve en soledad. Las empresas necesitan herramientas, pero también necesitan interlocutores exigentes y confiables. El Estado debe generar marcos, incentivos y coherencia regulatoria. El Punto Nacional de Contacto puede aportar una mirada institucional clave sobre conducta empresarial responsable. La diplomacia, a su vez, puede ayudar a conectar estándares internacionales con prioridades nacionales y regionales. Y las empresas líderes, como YPF y Sancor Seguros, tienen la oportunidad de mostrar que esta conversación no pertenece al futuro: ya forma parte de la gestión presente.
El estudio también permite ordenar mejor las prioridades. Las organizaciones relevadas muestran mayor madurez en temas como salud y seguridad en el trabajo, prevención del trabajo infantil y forzoso, equidad de género y diversidad, y vínculo con comunidades. Sin embargo, la trazabilidad en la cadena de valor, la participación externa en mecanismos de queja y la medición de la efectividad del remedio aparecen como fronteras de mejora. No son detalles técnicos; son la diferencia entre una gestión reactiva y una gestión preventiva.
En este sentido, la publicación cumple una doble función. Por un lado, ofrece una línea de base para comprender dónde están las empresas argentinas que ya iniciaron el camino. Por otro, propone una hoja de ruta para avanzar: construir matrices vivas de riesgos e impactos, fortalecer canales de denuncia con legitimidad externa, incorporar métricas de efectividad, acompañar a proveedores y evitar que las nuevas exigencias se transformen en una carga imposible para las pymes de la cadena.
La presencia de actores diversos en el evento refuerza, además, una idea central: cerrar las brechas entre el decir y el hacer requiere conversación, evidencia y cooperación. No alcanza con exigir más información si no se generan capacidades para producirla. No alcanza con pedir debida diligencia en la cadena de valor si no se revisan también las condiciones comerciales, los plazos, los precios y los incentivos que hacen posible cumplir. Tampoco alcanza con tener canales de denuncia si las personas no confían en ellos o si los casos no alimentan aprendizajes organizacionales.
De allí que el verdadero valor de este proceso no sea únicamente publicar un informe, sino instalar una conversación más madura sobre empresas y derechos humanos en Argentina. Una conversación que reconoce los avances, pero no se conforma con ellos. Que evita el tono sancionatorio, pero tampoco cae en la autocomplacencia. Que entiende que la sostenibilidad empresarial, cuando se toma en serio, no se mide por la cantidad de políticas disponibles, sino por la capacidad de proteger derechos en decisiones concretas.
La agenda que se abre es exigente, pero también esperanzadora. Las empresas ya no parten de cero. Hay políticas, mecanismos, aprendizajes y casos valiosos. El desafío ahora es elevar el estándar de implementación. La publicación De tener a gestionar y el espacio de diálogo realizado con referentes del ecosistema muestran que Pacto Global Argentina puede cumplir un rol estratégico: transformar evidencia en conversación, conversación en capacidades y capacidades en mejores prácticas empresariales.
En definitiva, los derechos humanos no son un capítulo accesorio de la sostenibilidad. Son su prueba más concreta. Allí donde una empresa aprende a identificar riesgos, escuchar a los actores afectados, corregir impactos y rendir cuentas, la sostenibilidad deja de ser discurso y empieza a funcionar. Ese es el sentido profundo de esta publicación y del encuentro que la acompañó: ayudar a que la agenda de empresas y derechos humanos pase, definitivamente, del tener al gestionar.
Foto: Evento presentación de la publicación “De tener a gestionar: resultados estudio de empresas y derechos humanos” de Pacto Global Argentina.
