Australia busca aliviar la carga regulatoria y reducir exigencias en reportes de sostenibilidad

El gobierno de Australia propuso una serie de cambios regulatorios que podrían reducir significativamente las obligaciones de reporte financiero y de sostenibilidad para miles de empresas. Las medidas, incluidas en el Presupuesto Federal 2026, apuntan a elevar los umbrales que determinan qué compañías deben presentar informes auditados y divulgaciones climáticas obligatorias, en un intento por disminuir costos administrativos y mejorar la productividad empresarial.

Foto: Beate Vogl / Pexels.

La reforma llega en pleno despliegue del régimen australiano de reportes obligatorios de sostenibilidad, aprobado en 2024 y vigente desde 2025. Ese marco introdujo exigencias de divulgación climática alineadas con estándares internacionales para grandes y medianas empresas, incluyendo información sobre riesgos climáticos, oportunidades de negocio y emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de la cadena de valor.

Uno de los cambios centrales propuestos por el Ejecutivo consiste en duplicar los umbrales económicos aplicables a las grandes compañías privadas. De aprobarse la iniciativa, las empresas quedarían obligadas a reportar únicamente si superan ingresos consolidados de 100 millones de dólares australianos —frente al límite actual de 50 millones— o activos brutos por encima de 50 millones, en lugar de los 25 millones vigentes. El requisito de contar con más de 100 empleados se mantendría sin modificaciones.

Bajo las reglas actuales, las compañías que cumplen al menos dos de esos tres criterios deben presentar reportes financieros auditados y, en determinados casos, reportes de sostenibilidad ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). Con el aumento de los umbrales, una parte importante de las empresas que debían comenzar a reportar en 2027 quedaría fuera del alcance regulatorio.

Según el gobierno australiano, las compañías que dejen de cumplir los criterios ya no estarán obligadas a presentar informes financieros anuales auditados, reportes de directores ni informes de sostenibilidad. La administración estima que el conjunto de reformas regulatorias incluidas en el presupuesto permitirá reducir cargas administrativas por unos 10.200 millones de dólares australianos al año una vez implementadas.

El paquete también contempla simplificaciones para grupos corporativos. Entre ellas, se propone reemplazar los actuales mecanismos de garantías cruzadas —considerados complejos— por un proceso estatutario más sencillo para que subsidiarias totalmente controladas puedan quedar exceptuadas de presentar reportes financieros separados.

En paralelo, el gobierno anunció una consulta pública orientada a mejorar la eficiencia de las divulgaciones climáticas. Las autoridades buscarán aclarar cómo deben interpretarse conceptos como “costo o esfuerzo indebido”, revisar los requisitos de aseguramiento externo y establecer límites más claros a los pedidos de información realizados a proveedores, especialmente para reducir costos y complejidad en pequeñas empresas.

Las modificaciones surgen mientras ASIC analiza los primeros reportes elaborados bajo el nuevo régimen obligatorio de sostenibilidad. El regulador destacó que las divulgaciones iniciales muestran avances en cantidad y calidad de información climática, así como una mayor consistencia y comparabilidad entre empresas gracias a la estandarización de requisitos.

No obstante, ASIC también detectó áreas de mejora. Entre sus observaciones preliminares, advirtió que los descargos que contradigan el marco legal pueden resultar engañosos, pidió mayor claridad en las estimaciones y supuestos utilizados, y recordó que las metas climáticas establecidas por ley también deben considerarse dentro de los objetivos climáticos reportables.

El organismo adelantó que continuará revisando los informes correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 y que publicará conclusiones definitivas durante la segunda mitad de 2026. Asimismo, confirmó que participará en la consulta impulsada por el gobierno sobre las reformas destinadas a reducir cargas regulatorias sin desmantelar los requisitos centrales de reporte de sostenibilidad.

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