Un nuevo análisis de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos examina el creciente rechazo político y regulatorio hacia las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y plantea cómo las empresas pueden responder sin apartarse de sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
El avance de iniciativas políticas y regulatorias que cuestionan las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) está generando un nuevo escenario para las empresas, particularmente en países donde gobiernos y tribunales han comenzado a restringir este tipo de programas. Frente a ese contexto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UN Human Rights) sostiene que las compañías pueden adaptar sus estrategias sin abandonar las acciones destinadas a prevenir la discriminación y promover la igualdad.
Esa es la principal conclusión del informe “Navigating the Pushback against Diversity, Equity and Inclusion: A Business and Human Rights Analysis“, publicado el 2 de julio, en el que el organismo analiza el fenómeno desde la óptica de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
El documento parte de un diagnóstico: el rechazo a las políticas DEI ha dejado de ser un debate exclusivamente cultural para convertirse, en algunos países, en un factor de riesgo regulatorio. Según el informe, la aprobación de normas que limitan este tipo de iniciativas y el aumento de las controversias políticas pueden exponer a las empresas a consecuencias legales, financieras y reputacionales.
No obstante, Naciones Unidas sostiene que esa realidad no modifica la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. El documento recuerda que, de acuerdo con los Principios Rectores, dicha responsabilidad existe con independencia de la capacidad o voluntad de los Estados para cumplir sus obligaciones internacionales y va más allá del cumplimiento de la legislación nacional.
En aquellos contextos donde las normas internas dificulten la implementación de políticas de diversidad, las empresas deberían procurar respetar los principios internacionales de derechos humanos “en la mayor medida posible” y estar en condiciones de demostrar los esfuerzos realizados para hacerlo.
El argumento empresarial no desaparece
Además del fundamento jurídico, el informe revisa la evidencia académica y empresarial disponible sobre los efectos de las políticas de diversidad.
Según Naciones Unidas, los estudios analizados muestran una asociación entre lugares de trabajo más diversos e inclusivos y mejores niveles de innovación, productividad, atracción y retención de talento, desempeño financiero, sostenibilidad y resiliencia organizacional.
El documento también advierte sobre las consecuencias que puede tener el desmantelamiento de estas políticas. A partir de distintos casos empresariales, señala que revertir programas de diversidad puede afectar la confianza de empleados, inversores y otros grupos de interés, mientras que algunas compañías han optado por mantener —e incluso ampliar— sus iniciativas pese al cambio del entorno político y regulatorio.
Uno de los aspectos que el informe destaca es el papel de las medidas de acción afirmativa. Naciones Unidas las define como una herramienta necesaria para abordar desigualdades históricas y estructurales y sostiene que forman parte del conjunto de instrumentos disponibles para garantizar la igualdad de oportunidades cuando se aplican conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Las recomendaciones para las empresas
Como resultado del análisis, el documento identifica una serie de medidas que, según Naciones Unidas, pueden ayudar a las empresas a gestionar el actual contexto sin dejar de cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos:
- Reforzar los compromisos corporativos con los derechos humanos. Las políticas empresariales deberían basarse en el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, incluido el derecho a la igualdad y la no discriminación. El informe también recomienda fortalecer la capacitación interna y documentar las decisiones adoptadas cuando existan tensiones entre el contexto regulatorio y esos compromisos.
- Mantener la debida diligencia sobre riesgos de discriminación. Naciones Unidas sostiene que los procesos de debida diligencia deberían seguir identificando impactos sobre personas y grupos expuestos a situaciones de vulnerabilidad o desigualdad estructural. Si una empresa decide modificar el lenguaje o la comunicación de sus programas DEI, el informe señala que ello no debería implicar el abandono de las acciones orientadas a combatir la discriminación.
- Utilizar la influencia empresarial sobre las políticas públicas. El documento plantea que las empresas pueden promover marcos regulatorios compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos mediante actividades de incidencia institucional, participación en procesos legislativos o, cuando corresponda, impugnaciones judiciales frente a normas que limiten su capacidad para respetar esos estándares.
- Gestionar los conflictos entre la legislación nacional y los estándares internacionales. Cuando existan obligaciones contradictorias, Naciones Unidas recomienda identificar con precisión el alcance del conflicto, solicitar aclaraciones a las autoridades competentes, analizar experiencias de otras organizaciones y consultar con expertos y representantes de los grupos potencialmente afectados antes de adoptar decisiones.
- Informar de manera transparente sobre las medidas adoptadas. Dado que estos casos suelen generar un mayor escrutinio por parte de accionistas, empleados y otros grupos de interés, el informe considera importante que las empresas expliquen públicamente cómo están gestionando estos desafíos y qué acciones implementan para preservar el respeto de los derechos humanos.
Un debate que trasciende la terminología
Uno de los planteos centrales del informe es que el debate actual sobre las políticas DEI no modifica el carácter universal del principio de igualdad y no discriminación, ampliamente reconocido por el derecho internacional.
En ese sentido, Naciones Unidas sostiene que, aun cuando algunas organizaciones decidan adaptar la denominación o la comunicación de sus programas para responder a presiones políticas o regulatorias, las medidas destinadas a abordar la discriminación estructural deberían mantenerse.
El análisis concluye que el actual backlash contra las políticas de diversidad plantea nuevos desafíos para la gestión empresarial, pero no altera las responsabilidades establecidas por los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En ese contexto, el organismo considera que la capacidad de las empresas para demostrar cómo equilibran las exigencias regulatorias con sus compromisos internacionales será un elemento cada vez más relevante para su gobernanza y su relación con los distintos grupos de interés.
