El Gobierno del Reino Unido abrió una consulta para reformar su sistema de reporte corporativo que podría tener consecuencias directas sobre qué empresas deberán presentar información de sostenibilidad y otros datos no financieros, y bajo qué condiciones. La propuesta contempla revisar los umbrales, alcances y exenciones de las obligaciones de reporte, incluyendo la posibilidad de crear una nueva categoría de compañías “muy grandes” para determinados requerimientos no financieros. Al mismo tiempo, busca reducir las cargas para empresas pequeñas y medianas y simplificar el conjunto de reglas que actualmente se distribuyen entre legislación societaria, normas contables y regulación.
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La iniciativa, presentada el 7 de septiembre de 2026 bajo el título Modernising Corporate Reporting to support long-term economic growth, parte de un diagnóstico crítico sobre la evolución del sistema británico. Según el Gobierno, la acumulación progresiva de requisitos terminó aumentando el volumen y la complejidad de los informes anuales, hasta el punto de diluir su capacidad para comunicar información relevante de manera clara.
El planteo supone, por tanto, una revisión de la arquitectura sobre la que se construyó el reporte corporativo durante las últimas décadas. El Gobierno propone que los informes anuales tengan un propósito más definido y estén orientados principalmente a proporcionar información financieramente material y útil para inversores y acreedores.
La pregunta sobre quién debe reportar
Para el reporte de sostenibilidad, uno de los aspectos centrales de la consulta está en la revisión de los umbrales y alcances que determinan qué compañías deben cumplir con distintos requerimientos de información.
Actualmente, el Companies Act 2006 establece distintas categorías de empresas, junto con un conjunto extenso de excepciones y exclusiones. El Gobierno propone revisar ese esquema y racionalizar los criterios que determinan qué información debe divulgar cada compañía. Incluso está considerando modificar los umbrales y las exenciones para sacar a determinadas empresas de algunas obligaciones de reporte.
En el caso específico de la información no financiera, la consulta plantea además una cuestión más profunda: si las obligaciones que actualmente se aplican a las empresas privadas siguen siendo útiles y proporcionales. El Gobierno busca evidencia sobre el valor de mantener determinados requerimientos obligatorios, teniendo en cuenta que en las empresas privadas suele existir una relación más estrecha entre la propiedad y la gestión.
Una de las alternativas bajo análisis es la creación de un nuevo umbral para empresas consideradas “muy grandes”, que podría utilizarse para definir el alcance de futuras obligaciones de información no financiera.
Menos obligaciones para las empresas medianas
La proporcionalidad constituye uno de los principios centrales de la reforma. El Gobierno sostiene que los requisitos de reporte deberían reflejar el tamaño de la compañía, su estructura de propiedad y su impacto económico, de modo que los costos estén justificados por los beneficios que genera la información.
En esa línea, se propone crear un marco de reporte específico para las pequeñas y medianas empresas que permita a determinadas compañías medianas acceder a un paquete más amplio de exenciones. Entre las medidas planteadas aparece la posibilidad de extender a algunas empresas medianas la exención de auditoría que actualmente corresponde a las pequeñas.
El cambio también alcanzaría al reporte estratégico: el Gobierno anticipa que la mayoría de las empresas privadas medianas podrían quedar exceptuadas de prepararlo.
Esto introduce una señal relevante para las empresas que actualmente incorporan información ambiental, social o de gobernanza dentro de sus reportes estratégicos: el futuro marco británico podría establecer diferencias más marcadas según el tamaño y las características de cada compañía.
Del reporte prescriptivo a contar la propia historia empresarial
Otro de los cambios propuestos consiste en reducir el carácter prescriptivo de los informes estratégicos. El Gobierno plantea que las compañías puedan explicar su desempeño, estrategia y gobierno corporativo de una manera que refleje mejor el tamaño y la naturaleza de su negocio.
Esta orientación se conecta con uno de los principios que atraviesan toda la consulta: flexibilidad y confianza. La propuesta sostiene que las compañías deberían tener mayor margen para contar su propia historia empresarial y adaptar sus divulgaciones a las necesidades de inversores y acreedores.
En materia de sostenibilidad, esto podría significar una evolución desde modelos basados en listas extensas y prescriptivas de información hacia un sistema en el que cobre mayor importancia la relevancia de los datos para la toma de decisiones.
Una reforma que también busca digitalizar el reporte
La consulta no se limita a definir qué información debe presentarse. También propone modificar cómo se accede a ella.
El Gobierno plantea evaluar qué divulgaciones podrían trasladarse a plataformas digitales y sitios web, permitiendo que los inversores accedan a determinados datos fuera del ciclo anual de reporte. También busca avanzar en el etiquetado electrónico de la información contenida en los informes.
La idea es adaptar el marco legal a un entorno en el que la información corporativa ya no necesariamente tiene que concentrarse en un documento estático producido una vez al año.
El desafío: simplificar sin perder información relevante
La reforma plantea así una cuestión que trasciende al Reino Unido: cómo reducir la carga de reporte sin deteriorar la calidad de la información que necesitan los mercados.
El Gobierno británico sostiene que el sistema actual presenta duplicaciones, inconsistencias y costos innecesarios, particularmente cuando determinadas exigencias recaen sobre empresas pequeñas y medianas. Su respuesta es construir un marco más sencillo, coherente y proporcional.
Para las compañías más grandes, en cambio, la propuesta podría traducirse en una simplificación de los requerimientos estratégicos, de gobierno corporativo y de remuneraciones, además de permitir que determinadas obligaciones puedan cumplirse a nivel de grupo en lugar de repetirse en cada subsidiaria.
La consulta representa, en palabras del propio Gobierno, una oportunidad para “resetear” el sistema de reporte corporativo británico. El objetivo declarado es simplificarlo, modernizarlo y volver a concentrarlo en la información que contribuya a una mejor asignación de capital y al crecimiento económico.
Para el reporte de sostenibilidad, el aspecto decisivo será cómo termine resolviéndose la discusión sobre alcance, umbrales y exenciones de la información no financiera. Más que eliminar el reporte de sostenibilidad, la propuesta abre una revisión de sus límites: quién debe reportar, qué información debe ser obligatoria y cómo garantizar que las exigencias sean proporcionales al tamaño y características de cada empresa.
