A pocos meses de la COP17 sobre biodiversidad, compañías y entidades financieras que representan más de US$ 600.000 millones en ingresos y US$ 4,7 billones en activos bajo gestión instan a los gobiernos a revisar los incentivos fiscales y financieros para favorecer modelos productivos más resilientes. La iniciativa apunta a reorientar el gasto público existente y reducir los riesgos que la degradación de la naturaleza genera para las cadenas de suministro y la estabilidad económica.
Más de 130 empresas e instituciones financieras firmaron una carta abierta dirigida a los gobiernos para reclamar una reforma de los incentivos fiscales y financieros que actualmente favorecen, de manera directa o indirecta, prácticas perjudiciales para la naturaleza. La iniciativa se presentó antes de la COP17 sobre biodiversidad y busca acelerar la transición hacia modelos de producción que conserven los recursos naturales y fortalezcan la resiliencia económica.
Entre los firmantes se encuentran compañías como Aldi Süd, Danone, Decathlon, H&M Group, Mahindra Group, Natura, Nestlé, Ørsted, Salesforce, Tetra Pak, Unilever y Vattenfall, además de entidades financieras y gestoras de activos como Federated Hermes Limited, Legal & General, Rabobank, Storebrand Asset Management y Triodos Bank. En conjunto, representan ingresos superiores a los US$ 600.000 millones y activos bajo gestión por más de US$ 4,7 billones.
El planteo central es que las políticas públicas y los incentivos económicos pueden desempeñar un papel decisivo en la transformación de los sistemas productivos. Según los firmantes, las decisiones fiscales y financieras de los gobiernos influyen sobre qué se produce, cómo se utilizan los recursos y hacia dónde se dirige el capital. Por eso, sostienen que reformar esos mecanismos permitiría alinear las señales del mercado con objetivos de conservación de la naturaleza y creación de valor a largo plazo.
El costo económico de los incentivos perjudiciales
Uno de los datos destacados de la carta es que al menos US$ 2,6 billones anuales de gasto público contribuyen a la degradación de los recursos naturales de los que dependen las cadenas de suministro globales. Esa cifra equivale a cerca del 2,5% del producto interno bruto mundial.
De acuerdo con el documento, los actuales esquemas de incentivos pueden distorsionar las señales económicas, subestimar los riesgos asociados con la naturaleza y desviar inversiones de prácticas productivas más resilientes. El resultado es una mayor exposición de las empresas, los activos y las carteras de inversión a perturbaciones relacionadas con la disponibilidad de recursos y el deterioro de los ecosistemas.
La dependencia empresarial de la naturaleza no se limita a sectores directamente vinculados con la agricultura, la alimentación o la explotación de materias primas. La disponibilidad de agua, la fertilidad de los suelos y la seguridad en el abastecimiento de insumos constituyen factores relevantes para la continuidad operativa de numerosas actividades económicas. Estas dependencias también repercuten sobre los riesgos que asumen las instituciones financieras al otorgar créditos o invertir en empresas y proyectos.
En este escenario, los firmantes consideran que la reforma de los incentivos representa una oportunidad para mejorar la asignación de recursos, reducir vulnerabilidades y promover inversiones que contribuyan a preservar la infraestructura natural de la que depende la economía.
Un llamado a actuar en los próximos 12 meses
La carta solicita a los gobiernos que pongan en marcha, durante los próximos 12 meses, procesos nacionales de reforma de incentivos que involucren a distintos ministerios y a múltiples actores de la sociedad.
La propuesta contempla la participación de empresas, instituciones financieras, productores de toda la cadena de valor, organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y pueblos indígenas. El objetivo es desarrollar planes de reforma que respondan a las características económicas y sociales de cada país, con medidas capaces de modificar las señales del mercado sin trasladar de manera desproporcionada los costos de la transición a determinados sectores o comunidades.
Los firmantes también subrayan que la reforma no debería entenderse como una búsqueda de nuevos recursos públicos, sino como una oportunidad para mejorar el uso del financiamiento existente mediante la revisión de las actividades y prácticas que reciben apoyo estatal.
En ese sentido, recuerdan que los gobiernos ya asumieron compromisos internacionales en esta materia, entre ellos la Meta 18 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que contempla la identificación y eliminación, eliminación gradual o reforma de incentivos perjudiciales para la biodiversidad, incluidos los subsidios, de manera proporcional, justa, efectiva y equitativa.
La experiencia de los países que comenzaron a revisar estos mecanismos, señala la carta, muestra que las reformas son posibles cuando se implementan de manera gradual, se diseñan junto con los productores y contemplan medidas para proteger los medios de vida y acompañar a las comunidades durante la transición.
El papel de las empresas y las finanzas
Aunque el documento dirige su principal llamado a los gobiernos, las compañías y entidades financieras firmantes también reconocen responsabilidades propias. La reforma de los incentivos públicos, sostienen, debe acompañarse de decisiones empresariales que integren la naturaleza en la gestión de los riesgos, las operaciones y las inversiones.
En particular, los firmantes identifican tres líneas de acción:
- Evaluar y divulgar las dependencias e impactos sobre la naturaleza, tanto en las operaciones directas como en las cadenas de suministro, las inversiones y las actividades de financiamiento.
- Integrar la seguridad de los recursos y los riesgos relacionados con la naturaleza en las estrategias empresariales, para fortalecer la resiliencia y facilitar la adaptación a futuros cambios en los incentivos públicos.
- Aportar conocimientos y soluciones a los responsables de formular políticas, con el propósito de diseñar reformas viables desde el punto de vista económico y equitativas en términos sociales.
La colaboración entre los sectores público y privado es, para los firmantes, una condición necesaria para ampliar las inversiones en infraestructura natural, crear nuevos mercados y proteger el empleo y los medios de vida.
De los compromisos a las señales económicas
La iniciativa pone el foco en una dimensión de la agenda de biodiversidad que trasciende los compromisos voluntarios de las empresas: las reglas económicas que determinan la rentabilidad relativa de las distintas prácticas productivas.
La lógica del planteo es que los esfuerzos empresariales para reducir impactos ambientales pueden encontrar límites cuando las políticas fiscales y financieras siguen favoreciendo alternativas que deterioran los recursos naturales. Una reforma de los incentivos permitiría modificar esas condiciones, mejorar la previsibilidad para las inversiones y reducir la brecha entre los objetivos ambientales y las señales que reciben los mercados.
De cara a la COP17 sobre biodiversidad, los firmantes buscan que los gobiernos conviertan los compromisos internacionales en procesos concretos de revisión de sus políticas. La meta es que las prácticas que conservan la naturaleza y fortalecen la resiliencia de las cadenas de suministro no solo sean posibles, sino también competitivas en términos económicos.
El mensaje final de las empresas y entidades financieras es que la conservación de la naturaleza y la estabilidad económica no deben abordarse como objetivos contrapuestos. La reforma de los incentivos puede contribuir a alinearlos, siempre que se diseñe con participación de los actores involucrados y contemple tanto la eficacia económica como la equidad social.
