El Gobierno del Reino Unido anunció que impulsará una legislación para establecer un régimen obligatorio de debida diligencia en materia de derechos humanos en las cadenas de suministro, con el objetivo de identificar, prevenir y abordar situaciones de trabajo forzoso y explotación laboral. La iniciativa alcanzará a las grandes empresas con una facturación global superior a los 350 millones de libras esterlinas y también a compañías extranjeras que generen ingresos por encima de ese umbral en el mercado británico.
Foto: Selim Karadayı / Pexels.
La decisión fue comunicada el 4 de noviembre de 2026 por Jonathan Reynolds, secretario de Estado de Negocios, Innovación, Ciencia y Comercio, tras una revisión del marco de Conducta Empresarial Responsable (Responsible Business Conduct, RBC). Según el diagnóstico del Gobierno, el sistema vigente para prevenir el trabajo forzoso presenta una estructura fragmentada y depende excesivamente de mecanismos voluntarios y obligaciones de reporte. Si bien la Modern Slavery Act de 2015 fue considerada una legislación pionera en su momento, el Ejecutivo entiende que los estándares internacionales y las nuevas regulaciones adoptadas por otras economías del G7 dejaron al Reino Unido rezagado en esta materia.
El nuevo régimen exigirá a las empresas alcanzadas identificar, evaluar y abordar los riesgos de vulneraciones de derechos humanos y explotación laboral tanto en sus propias operaciones como en sus cadenas de suministro. El esquema tendrá un enfoque basado en riesgos y buscará ser proporcional a la capacidad de las compañías para gestionar esos impactos. Para ello, tomará como referencia estándares internacionales ya establecidos, entre ellos las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Uno de los componentes centrales de la iniciativa será la posibilidad de retirar del mercado de Gran Bretaña productos elaborados mediante trabajo forzoso. Para implementar este mecanismo, se otorgarán facultades a un organismo regulador que podrá investigar a las empresas sospechadas de comercializar esos bienes y ordenar su retiro cuando se identifique trabajo forzoso y se constate el incumplimiento de las obligaciones de debida diligencia. El objetivo declarado es evitar que productos asociados con la explotación laboral lleguen a los consumidores británicos y proteger a las empresas que cumplen con sus responsabilidades frente a competidores que no gestionan estos riesgos.
La propuesta tendrá una aplicación diferenciada según el territorio. Mientras que el nuevo régimen de debida diligencia alcanzará a los servicios en todo el Reino Unido y a los bienes en Gran Bretaña, Irlanda del Norte aplicará el Reglamento de la Unión Europea sobre productos elaborados mediante trabajo forzoso (EU Forced Labour Regulation), en el marco del Windsor Framework. Según el Gobierno británico, ambos mecanismos buscan producir efectos similares en la práctica, al permitir retirar del mercado productos vinculados con estas prácticas.
La reforma también contempla la creación de un centro de orientación centralizado en GOV.UK, que reunirá guías, herramientas y modelos para ayudar a las empresas a desarrollar e implementar sus procesos de debida diligencia. Esta asistencia estará especialmente dirigida a aquellas organizaciones que deban incorporar estos procedimientos por primera vez.
El Ejecutivo británico anticipó que avanzará con las medidas tan pronto como lo permita la agenda parlamentaria y que trabajará con distintos actores interesados en el diseño y la implementación del sistema. También señaló que la reforma seguirá un enfoque gradual y pragmático, con requisitos concentrados en las grandes compañías y prioridad en las acciones concretas antes que en la generación de nuevas cargas administrativas.
