La COP31 se desarrolla en un escenario en el que los impactos del cambio climático ya se traducen en pérdidas concretas para comunidades, economías y sistemas productivos. En este artículo de opinión, Sergio Rengifo Caicedo, Director Ejecutivo de CECODES, plantea que la principal urgencia de la agenda climática ya no es definir nuevas metas, sino acelerar su implementación, con políticas públicas estables, inversión en infraestructura, adaptación y una mayor articulación entre gobiernos y sector privado.
Hace apenas unas semanas, Bolivia declaró el estado de emergencia por los efectos combinados de sequías e inundaciones. Parece una contradicción, pero no lo es. Es la nueva normalidad climática. Mientras unas regiones enfrentan escasez de agua, otras intentan recuperarse de lluvias extremas que destruyen infraestructura, afectan cultivos y ponen en riesgo medios de vida. Lo mismo ocurre en diferentes rincones del mundo: agricultores en Camboya enfrentan dificultades para acceder al agua necesaria para sus cosechas y comunidades en Estados Unidos trabajan para recuperarse de inundaciones severas.
La COP31 en Antalya, Turquía, abrirá sus puertas en un contexto particularmente complejo. Mientras los gobiernos se reúnen para discutir el futuro climático del planeta, un fenómeno de El Niño excepcionalmente intenso ya está demostrando que el cambio climático no es una amenaza futura, sino una realidad presente. La paradoja es evidente. Nunca antes habíamos contado con tanta evidencia científica, tantas tecnologías disponibles ni un consenso tan amplio sobre la necesidad de actuar. Sin embargo, los avances continúan siendo insuficientes frente a la velocidad con la que se intensifican los impactos climáticos.
La COP31 llega entonces con una misión clara: pasar de las declaraciones a la implementación.
Desde el sector empresarial observamos una realidad que merece mayor atención. Hoy existen soluciones tecnológicas capaces de acelerar la transición energética, reducir emisiones, fortalecer la resiliencia hídrica y transformar los sistemas productivos. Empresas de distintos sectores están demostrando que la sostenibilidad no es un costo adicional, sino una fuente de competitividad, innovación y crecimiento. Lo que muchas veces sigue faltando son las condiciones habilitantes para escalar esas soluciones con la velocidad que exige la crisis climática.
Por esta razón, el mensaje que ha planteado la Alianza de Directores Ejecutivos Líderes en Clima del Foro Económico Mundial resulta especialmente relevante: los gobiernos deben crear entornos que permitan transformar las soluciones existentes en acciones concretas.
Para lograrlo, existen tres prioridades inaplazables.
La primera consiste en convertir las promesas en políticas públicas estables y basadas en la ciencia. Las empresas toman decisiones de inversión con horizontes de diez, veinte o incluso treinta años. Cuando las políticas cambian constantemente o carecen de claridad, las inversiones en infraestructura, energías limpias o tecnologías bajas en carbono tienden a ralentizarse. La certeza regulatoria es hoy tan importante como la innovación tecnológica.
La segunda prioridad es construir las bases de la transición. No basta con fijar metas ambiciosas si los países no cuentan con redes eléctricas robustas, acceso asequible a energías limpias o talento preparado para los empleos del futuro. La descarbonización requiere infraestructura, pero también requiere personas. La transición climática será exitosa en la medida en que sea una transición justa e inclusiva.
Y la tercera prioridad, quizás la más urgente para regiones como América Latina, es fortalecer la resiliencia. Durante años concentramos gran parte de la conversación climática en la mitigación, pero los eventos extremos nos recuerdan que debemos avanzar simultáneamente en la adaptación. Proteger sistemas hídricos, fortalecer la seguridad alimentaria, restaurar ecosistemas estratégicos y preparar las cadenas de suministro frente a riesgos climáticos ya no es una opción; es una necesidad económica y social.
En este sentido, el sector privado tiene un papel determinante. Las compañías no solo generan empleo y crecimiento económico; también poseen capacidad de innovación, acceso a tecnologías y experiencia en gestión de riesgos. Cuando empresas, gobiernos y sociedad civil trabajan de manera articulada, la velocidad del cambio aumenta significativamente.
En América Latina tenemos una oportunidad extraordinaria. Nuestra región concentra una riqueza natural única, una biodiversidad estratégica para el planeta y un enorme potencial para liderar soluciones en energías renovables, agricultura sostenible, economía circular y gestión del agua. Pero para aprovechar estas ventajas necesitamos una mayor convergencia entre visión política, inversión y ejecución.
La COP31 no será recordada por la cantidad de discursos pronunciados ni por el número de promesas anunciadas. Será recordada por su capacidad de acelerar acciones reales. El mundo ya no necesita nuevas brújulas. Sabemos hacia dónde debemos ir. Lo que necesitamos ahora son mapas claros, decisiones valientes, mecanismos de financiamiento que permitan a los países en desarrollo implementar las soluciones que ya existen y la voluntad colectiva para recorrer el camino. Porque mientras seguimos discutiendo el destino, el clima ya está marcando el ritmo del viaje. Y el tiempo para actuar, más que una ventana de oportunidad, se ha convertido en una responsabilidad compartida que exige movilizar recursos a la escala necesaria para que ninguna región quede rezagada en la transición climática.
