En una medida de alto impacto, el Fiscal General de California, Rob Bonta, ha presentado una demanda enmendada contra cinco de las mayores empresas de combustibles fósiles del mundo y el Instituto Americano del Petróleo (API). La acción judicial, que se lleva a cabo en el Tribunal Superior del Condado de San Francisco, acusa a Exxon Mobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips, BP y API de llevar a cabo una campaña de décadas de engaño sobre la realidad del cambio climático y sus efectos derivados del uso de combustibles fósiles.
La demanda original, presentada el pasado septiembre, alegaba que estas empresas conocían desde al menos la década de 1960 que la quema de combustibles fósiles calentaría el planeta y alteraría el clima. A pesar de este conocimiento, las compañías supuestamente negaron y sembraron dudas artificiales sobre la ciencia climática en sus declaraciones públicas y campañas de marketing.
En la demanda enmendada, Bonta busca la devolución de las ganancias que habrían sido obtenidas ilegalmente bajo la nueva ley AB 1366, promulgada a principios de este año. Esta ley permite al Fiscal General solicitar la devolución de las ganancias obtenidas mediante conductas ilícitas, y, de ser ordenada por el tribunal, estas ganancias se depositarían en el nuevo Fondo de Restitución para Víctimas de Fraude al Consumidor. Este fondo proporcionaría una fuente futura de financiación para ayudar a las víctimas de fraudes al consumidor en California.
La demanda enmendada también incluye lo que consideran nuevas pruebas de publicidad falsa y marketing ambiental engañoso, conocido como “greenwashing“. Según el Fiscal General, estas empresas han utilizado imágenes y mensajes verdes y ambientalmente positivos en sus materiales de marketing para desviar la atención de su papel en la crisis climática. Por ejemplo, sostienen que han promovido productos de petróleo y gas natural como “limpios” y se han posicionado falsamente como parte de la solución al cambio climático.
Además, la demanda sostiene que el API ha continuado haciendo declaraciones públicas y afirmaciones engañosas sobre el petróleo y el gas natural, y que las compañías denunciadas han colaborado a través del API para promover colectivamente sus productos de manera engañosa.
