En un esfuerzo por alinear las prácticas empresariales con la nueva Directiva 2024/825 sobre empoderamiento del consumidor, DIRSE y LLYC organizaron un evento online que abordó los riesgos inherentes a la ecoimpostura o greenwashing, una preocupación creciente tanto para las empresas como para los consumidores.
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Foto: Mohamed_hassan / Pixabay.
Bajo el título “El dirse y la Directiva 2024/825: ¿Cómo abordar los riesgos de la ecoimpostura?”, se discutió el impacto que tendrá esta normativa en la forma en que las empresas comunican sus compromisos de sostenibilidad y cómo pueden prepararse para un futuro más regulado y transparente.
La jornada, que contó con la participación de destacados expertos como Nieves Álvarez (Europe ESG Lead en LLYC), Carlos Arango (Director General de DIRSE), Ignacio Bañeres (mánager de Sostenibilidad Ambiental en AENOR), y Enrique Arribas (Presidente de la AMKT), destacó la necesidad de que las empresas respalden sus afirmaciones sociales y ambientales con datos verificables. La nueva directiva busca reducir la desconfianza de los consumidores, muchos de los cuales, según Bañeres, siguen desconfiando de las alegaciones sostenibles, incluso cuando estas están certificadas.
Uno de los puntos clave subrayados por Álvarez fue que esta normativa tiene el potencial de impulsar mejores prácticas en la cadena de valor, al forzar a las empresas a realizar un análisis riguroso de los datos que sustentan sus afirmaciones. De este modo, las compañías se verán obligadas a adoptar un enfoque más honesto y transparente en su comunicación, alejándose de afirmaciones genéricas o poco fundamentadas sobre sostenibilidad. Esto, en palabras de los expertos, debería beneficiar a aquellas empresas que ya aplican prácticas sostenibles de manera efectiva.
Sin embargo, el reto no es menor. Los ponentes alertaron sobre los riesgos que enfrenta el sector empresarial. Según Enrique Arribas, la Directiva supondrá un reto para los departamentos de Comunicación y Marketing, que deberán adaptar su lenguaje y mensajes a los nuevos estándares regulatorios. En este sentido, la directiva no introduce cambios sustanciales respecto a la ya existente Ley General de Publicidad, pero refuerza la necesidad de evitar cualquier tipo de publicidad engañosa relacionada con el medio ambiente.
Este temor a caer en la trampa del greenwashing ha llevado a algunas empresas a optar por el “ecosilencio”, evitando mencionar su compromiso con la sostenibilidad por miedo a represalias. Sin embargo, esta estrategia supone una pérdida de oportunidad, ya que las empresas con prácticas sólidas tienen mucho que ganar en un entorno regulado que favorezca la transparencia y la veracidad de sus acciones.
En ese sentido, Nieves Álvarez destacó la importancia de realizar un autodiagnóstico interno para asegurar que la empresa esté preparada para cumplir con la normativa, una vez que esta se traslade a la legislación española. Además, subrayó que los departamentos de Marketing deberán trabajar en estrecha colaboración con las áreas técnicas y corporativas, como los equipos de ESG (Environmental, Social, and Governance), para garantizar que las afirmaciones sostenibles cuenten con el respaldo adecuado.
El liderazgo de los CEOs también fue señalado como un factor crucial en la adaptación a este nuevo entorno normativo. Los expertos coincidieron en que los directores ejecutivos deben estar a la vanguardia, liderando desde una posición informada y comprometida con la sostenibilidad real, no solo con el cumplimiento normativo.
Como reflexión final, los participantes concluyeron que un mercado más regulado y consciente representa no solo un reto, sino también una oportunidad para las empresas. Aquellas que se adapten a la Directiva 2024/825 no solo podrán evitar los riesgos de la ecoimpostura, sino que además fortalecerán su reputación y su relación con un consumidor cada vez más exigente y bien informado.
Esta iniciativa, organizada en colaboración entre DIRSE y LLYC, forma parte del desarrollo de un toolkit que se lanzará en 2025, destinado a ayudar a las empresas a navegar el complejo panorama regulatorio que se avecina.