En un nuevo informe, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Spainsif ofrece un análisis detallado sobre cómo los actores financieros están siendo cada vez más presionados para integrar los derechos humanos (DDHH) en sus procesos de inversión. A medida que la Unión Europea avanza hacia marcos legales más estrictos, el estudio examina cómo estas normativas están configurando un nuevo escenario para las finanzas sostenibles.
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Un panorama de creciente regulación
El informe titulado “Debida Diligencia y Derechos Humanos en las Finanzas Sostenibles” sitúa su análisis en un contexto donde la normativa europea ha intensificado los requisitos de transparencia y responsabilidad, especialmente con la aprobación en abril de 2024 de la Directiva de Debida Diligencia en Materia de Sostenibilidad Corporativa. Esta directiva establece obligaciones legales para que las empresas evalúen y mitiguen los riesgos relacionados con los derechos humanos en sus cadenas de suministro y operaciones globales. Aunque el concepto de debida diligencia ha sido parte del discurso empresarial desde hace varios años, su incorporación obligatoria a nivel legal marca un punto de inflexión que, según Spainsif, podría tener repercusiones significativas en el comportamiento corporativo.
El estudio analiza cómo esta directiva ha sido negociada en el seno de la Unión Europea, destacando las diferencias entre las posiciones del Consejo, la Comisión y el Parlamento, así como los desafíos que conlleva su implementación. Este análisis incluye un enfoque sobre los trílogos que han tenido lugar bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, aportando una visión detallada de los compromisos alcanzados y las áreas de fricción.
La presión sobre el sector financiero
Uno de los temas centrales del estudio es la creciente implicación del sector financiero en el respeto y la promoción de los DDHH. Según Spainsif, las instituciones financieras, debido a su influencia en la economía global, juegan un papel crucial en este ámbito. El informe señala que las normativas como el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) y la Directiva de Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) están diseñadas para garantizar que los inversores y las empresas no solo evalúen su desempeño financiero, sino también su impacto social, con un énfasis particular en los derechos humanos.
El informe también explora cómo las instituciones financieras están adoptando, aunque de manera desigual, enfoques para integrar estos criterios en sus decisiones de inversión. Entre las estrategias destacadas figura el screening negativo, que implica la exclusión de empresas o sectores por incumplir normativas internacionales de DDHH o por estar involucrados en controversias éticas. Sin embargo, Spainsif revela que, aunque esta estrategia es común, su impacto en la promoción de los DDHH ha sido limitado, especialmente en comparación con enfoques más proactivos, como el engagement o la inversión temática, que buscan fomentar mejoras dentro de las empresas.
Del soft law al hard law: un cambio en las reglas del juego
El estudio de Spainsif no solo documenta el cambio que está teniendo lugar, sino que también pone de relieve un fenómeno más amplio: la transición del soft law —normas voluntarias y flexibles— a un hard law más estricto y vinculante. Esta transición representa un esfuerzo por parte de los reguladores europeos para asegurarse de que las empresas no solo asuman compromisos voluntarios, sino que enfrenten sanciones legales en caso de incumplimiento.
El paso hacia el hard law está siendo impulsado, según el estudio, por la necesidad de abordar problemas globales, como las violaciones a los DDHH en las cadenas de suministro internacionales. Spainsif sostiene que esta tendencia hacia una mayor regulación podría generar tensiones, ya que algunas empresas podrían resistir el cambio debido a los costos asociados con la implementación de sistemas de cumplimiento más robustos. No obstante, el estudio también sugiere que, a largo plazo, este marco legal podría nivelar el terreno de juego, obligando a todas las empresas a adherirse a los mismos estándares y evitando que algunas obtengan ventajas competitivas al ignorar estas responsabilidades.
El desafío de la implementación
A pesar de las intenciones claras detrás de estas regulaciones, el informe también señala importantes obstáculos en su implementación. Un punto crítico identificado es la interoperabilidad de los diversos marcos regulatorios, que a menudo se superponen o entran en conflicto entre sí. El estudio destaca la complejidad que enfrentan tanto las empresas como los inversores al intentar cumplir simultáneamente con el SFDR, la CSRD y otros estándares internacionales.
Además, Spainsif presenta los resultados de su encuesta anual, que revela que si bien una parte significativa de los inversores reconoce la importancia de los DDHH en sus estrategias, todavía existe una brecha considerable entre el compromiso declarado y la acción real. Los datos recogidos muestran que muchas instituciones financieras continúan priorizando los criterios ambientales sobre los sociales, lo que pone de relieve un desafío persistente en la transición hacia una sostenibilidad verdaderamente holística.
Un futuro incierto pero prometedor
El estudio concluye que, si bien el camino hacia una integración plena de los DDHH en las finanzas sostenibles es largo y está lleno de desafíos, los pasos dados hasta ahora representan un avance importante. La legislación emergente en la Unión Europea no solo establece un marco para el futuro, sino que también envía una señal clara de que el respeto por los derechos humanos ya no es una cuestión opcional en el ámbito corporativo.
A medida que la presión regulatoria aumenta, las empresas y los inversores tendrán que adaptarse o enfrentar consecuencias legales y reputacionales. Sin embargo, el informe sugiere que este proceso, aunque difícil, podría generar beneficios a largo plazo, tanto para las empresas como para la sociedad en su conjunto, al fomentar un entorno económico más justo y equitativo.
En resumen, el informe de Spainsif no solo ofrece una mirada exhaustiva sobre las normativas que están dando forma al futuro de las finanzas sostenibles, sino que también plantea preguntas cruciales sobre cómo las empresas y los actores financieros pueden, y deben, asumir un papel más activo en la defensa de los DDHH en sus operaciones globales.
