Australia se encamina a un cambio regulatorio significativo que obligará a las empresas a enfrentar una nueva realidad: a partir del 1 de enero de 2025, la presentación de reportes climáticos será un mandato legal para las entidades más grandes del país.

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Luego de la aprobación del proyecto de ley en agosto por parte del Senado, la Cámara de Representantes de Australia votó a favor de aprobar el proyecto de ley de modificación de las leyes del Tesoro sobre los nuevos requisitos de presentación de informes climáticos.
El objetivo de la nueva normativa es garantizar que las empresas evalúen los riesgos climáticos tanto en escenarios de bajo calentamiento global (1.5 grados) como en escenarios de alto calentamiento (2.5 grados o más). Esto pretende preparar a las entidades para enfrentar los riesgos físicos derivados del cambio climático, así como los riesgos asociados a la transición hacia una economía más sostenible.
La aplicación de esta legislación se realizará de manera gradual, según el tamaño de las entidades involucradas. Las grandes empresas, clasificadas como “Grupo 1” y que cuentan con ingresos superiores a 500 millones de dólares australianos, deberán presentar sus primeros reportes climáticos antes del 31 de diciembre de 2025. Por su parte, las entidades medianas (Grupo 2), con ingresos de más de 200 millones de dólares, y las pequeñas empresas (Grupo 3), con ingresos que superan los 50 millones, tendrán hasta 2027 y 2028, respectivamente, para cumplir con sus obligaciones.
Cronograma de implementación y entidades afectadas
De acuerdo con el nuevo marco regulatorio, la primera fase de presentación de informes afectará a las empresas más grandes del país. Estas entidades deberán someterse a un análisis exhaustivo de escenarios climáticos en su primer año fiscal, que comienza el 1 de enero de 2025, con la presentación del reporte antes de finalizar el año.
Sin embargo, la ley permite cierta flexibilidad en los plazos. Por ejemplo, las empresas que inicien su año fiscal en julio de 2025 tendrán como fecha límite para la entrega de sus reportes climáticos el 30 de junio de 2026, marcando un ligero retraso en comparación con las entidades cuyo año fiscal comienza en enero. Para las empresas medianas y pequeñas, la implementación también se ajustará de acuerdo con el inicio de su año fiscal, proporcionando un tiempo adicional para adaptarse a las nuevas exigencias.
La obligatoriedad de estos reportes se aplicará a las entidades que ya están sujetas a la presentación de informes financieros ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por sus siglas en inglés), siempre que cumplan con ciertos criterios de tamaño y operación. Sin embargo, las empresas que no alcancen los umbrales definidos por la ley no estarán obligadas a realizar estos reportes climáticos, al menos en esta primera fase de implementación.