En un giro significativo para la política empresarial y de derechos humanos en Europa, el nuevo gobierno de coalición de Alemania —formado por los partidos CDU/CSU y SPD— ha decidido derogar de forma inmediata la Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro (LkSG), vigente desde 2023. La decisión forma parte del acuerdo de coalición anunciado el 9 de abril de 2025.
Foto: Friedrich Merz, canciller alemán (Créditos: © dpa).
La LkSG imponía desde su entrada en vigor una serie de obligaciones a las grandes empresas con sede en Alemania, exigiéndoles analizar y mitigar riesgos de violaciones a los derechos humanos y daños medioambientales tanto en sus operaciones como en sus cadenas de suministro. Las compañías debían realizar informes anuales de riesgos y estaban sujetas a sanciones de hasta el 2% de su facturación en caso de incumplimiento. Desde 2024, la ley se aplicaba a empresas con más de 1.000 empleados.
Sin embargo, con el nuevo acuerdo gubernamental, esta normativa nacional será reemplazada por una legislación orientada a implementar la Directiva Europea sobre la Cadena de Suministro (CSDDD, por sus siglas en inglés). Según el documento de coalición, la futura ley alemana buscará una transposición “poco burocrática y fácil de aplicar” de la normativa europea, que entraría en vigor previsiblemente en 2028.
Aunque los principios clave de la nueva directiva europea —como el análisis de riesgos y las obligaciones de diligencia debida— coinciden en gran medida con los contenidos en la LkSG, el gobierno alemán ha optado por eliminar de inmediato la obligación de informar vigente en la ley nacional. Mientras tanto, las obligaciones legales seguirán siendo exigibles, aunque sin sanciones, salvo en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
La coalición también ha manifestado su apoyo a las llamadas propuestas “ómnibus” de la Comisión Europea, que prevén simplificaciones amplias en la aplicación de la CSDDD. Estas incluyen una reducción significativa en los requisitos de reporte en materia de sostenibilidad para las empresas medianas, así como la postergación de algunas de estas obligaciones.
La decisión ha sido recibida con atención por parte del sector empresarial, que había expresado preocupaciones sobre la carga administrativa de la LkSG, y también ha reavivado el debate entre organizaciones de la sociedad civil, que temen que la eliminación prematura de la ley debilite temporalmente la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de suministro globales.
Desde el nuevo gobierno de coalición de Alemania quieren que el anuncio sea entendido como la transición hacia el marco europeo y represente un cambio de enfoque, con menor frecuencia en los controles y una implementación más gradual, pero manteniendo el compromiso de Alemania con los estándares internacionales de responsabilidad corporativa.
