En un movimiento que podría redefinir la estrategia de sostenibilidad de la Unión Europea, Alemania y Francia han instado a la Comisión Europea a retrasar la implementación de las principales normativas en materia de sostenibilidad que afectan a las empresas del bloque y su cadena de valor. A través de cartas oficiales y declaraciones de alto nivel, ambos países han manifestado su preocupación por el impacto que estas regulaciones podrían tener sobre la competitividad y el crecimiento económico.
Foto: Emmanuel Macron y Olaf Scholz (Archivo / German Council on Foreign Relations).
Una ofensiva contra la burocracia
Francia ha encabezado el llamado a una moratoria indefinida sobre la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y un retraso de dos años en la aplicación de la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). Según un documento fechado el 20 de enero, el gobierno francés sostiene que es necesario revisar el alcance de la CSDDD, limitándola a empresas con más de 5.000 empleados y una facturación superior a 1.500 millones de euros.
“Debemos enfocarnos en la legislación que complica la vida diaria de nuestras empresas y frena su crecimiento“, declaró el ministro de Economía francés, Eric Lombard, durante su discurso de Año Nuevo. La postura de Francia ha sido reforzada por el propio presidente Emmanuel Macron, quien recientemente pidió una “pausa regulatoria masiva” para evitar obstáculos a la innovación.
Alemania, por su parte, ha solicitado en una carta fechada el 17 de diciembre una reducción significativa del contenido de la CSRD y un aplazamiento de su implementación. El canciller Olaf Scholz ha manifestado su preocupación sobre la capacidad de adaptación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, a los complejos requisitos de reportes de sostenibilidad.
El trasfondo: la Ley Ómnibus y la flexibilización regulatoria
La ofensiva franco-alemana se enmarca en el contexto de la denominada Ley Ómnibus, una propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para simplificar la estructura regulatoria de la UE en materia de finanzas sostenibles. En noviembre de 2024, Von der Leyen anunció su intención de revisar y reducir las cargas administrativas impuestas por la CSRD, la CSDDD y el Reglamento de Taxonomía.
La propuesta de la Ley Ómnibus ha generado un intenso debate en Bruselas. Mientras algunos sectores empresariales y Estados miembros la ven como una medida necesaria para garantizar la competitividad de las empresas europeas frente a sus pares globales, más de 90 ONG y asociaciones han alertado sobre el riesgo de que esta revisión debilite el marco de sostenibilidad del bloque.
Von der Leyen ha reconocido que las normativas actuales contienen un volumen excesivo de requisitos de reporte, con “miles de datos redundantes y superpuestos“, lo que podría justificar una flexibilización. Sin embargo, ha insistido en que los principios fundamentales de las regulaciones se mantendrán intactos.
El impacto en la transición verde europea
El retraso en la implementación de las normativas de sostenibilidad podría tener consecuencias significativas para la agenda climática de la UE. La CSRD y la CSDDD han sido diseñadas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en materia de impacto ambiental, asegurando que las empresas adopten prácticas alineadas con los objetivos de neutralidad de carbono para 2050.
Si bien los partidarios del retraso argumentan que las empresas necesitan más tiempo para adaptarse, los críticos advierten que esto podría socavar los avances logrados en la integración de criterios ESG en el tejido empresarial europeo.
El futuro de estas regulaciones dependerá en gran medida de las negociaciones en el seno de la UE y de la capacidad de la Comisión para equilibrar los intereses económicos con sus compromisos climáticos. Mientras tanto, las empresas europeas corren el riesgo de estancarse en un limbo regulatorio, sin claridad sobre el marco normativo que regirá su desempeño en materia de sostenibilidad en los próximos años. Diversas fuentes señalan que en febrero de 2025 puede haber novedades al respecto.
