América Latina concentra uno de los mayores potenciales del mundo en energías renovables. De hecho, el 60% de la matriz energética regional ya proviene de fuentes limpias. Sin embargo, pese a este dato alentador, se advierten problemas estructurales —entre ellos, déficits de infraestructura, marcos regulatorios inestables y dificultades de financiamiento— que amenazan con ralentizar su protagonismo en la transición energética global.
Los datos provienen del estudio “Energía Verde en América Latina 2024”, publicado por la consultora Sherlock Communications, el cual se basa en entrevistas con expertos del sector y datos de seis países clave (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), ofrece un panorama matizado: si bien destaca avances sustantivos, también subraya una serie de condiciones aún no resueltas que comprometen el cumplimiento de las metas climáticas regionales y globales.
Liderazgos desiguales y concentración de capacidades
Brasil, Chile y México concentran la mayor parte del crecimiento renovable en América Latina. El informe proyecta que la región sumará más de 190 gigavatios (GW) de capacidad instalada para 2030, de los cuales más de la mitad (58%) corresponderán a Brasil. A nivel tecnológico, la región muestra diversidad: energía eólica en el sur de Brasil y Argentina, solar en el norte chileno y desarrollo incipiente de hidrógeno verde en varios mercados.
En este sentido, el director general para América Latina de Rystad Energy, W. Schreiner Parker, sostiene que la región está atravesando una “reflexión profunda” sobre su rol en la transición energética mundial. A su juicio, América Latina —en particular Brasil y Chile— podría convertirse en uno de los principales exportadores de hidrógeno verde, una tecnología aún en fase de consolidación.
Obstáculos regulatorios y económicos
A pesar de contar con condiciones naturales favorables, el desarrollo de las energías renovables enfrenta barreras estructurales. Los entrevistados señalan como principales obstáculos la falta de modernización de las redes eléctricas, marcos normativos inadecuados y ausencia de políticas de largo plazo que den señales claras al sector privado.
“La pregunta ya no es solo si hay capacidad instalada, sino cuándo los proyectos serán suficientemente rentables como para prescindir de subsidios”, advierte Parker. En paralelo, el informe identifica una preocupación recurrente: la dificultad para atraer financiamiento sostenible en entornos políticos volátiles, como ocurre en algunos países de la región.
El testimonio de Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente de Perú, apunta en la misma dirección. Para Muñoz, uno de los desafíos centrales es lograr una gobernanza climática estable, con regulaciones que promuevan la inversión sin comprometer el acceso equitativo a la energía.
La oportunidad de la COP30
En 2025, Brasil será sede de la COP30, la cumbre climática de Naciones Unidas. Este evento sitúa a la región en el foco del debate internacional sobre cambio climático. Para Patrick O’Neill, socio de Sherlock Communications, este encuentro “representa una oportunidad para que América Latina defina una agenda propia y exija mecanismos financieros que contemplen las necesidades de los países de ingresos medios y bajos”.
Sin embargo, el informe también alerta sobre los riesgos de una transición desequilibrada. En países como Argentina o México, los procesos de reforma energética han enfrentado resistencias internas, mientras que en Colombia, sectores sociales han expresado preocupación por los impactos de algunos proyectos renovables en sus territorios.
Conclusiones sin triunfalismo
Lejos de adoptar un tono celebratorio, el Informe de Energía Verde 2024 sostiene que el liderazgo climático de América Latina aún depende de la resolución de una serie de contradicciones internas. Por un lado, la abundancia de recursos naturales y la creciente inversión internacional; por el otro, marcos jurídicos fragmentados, incertidumbre institucional y tensiones sociales en torno a los beneficios de la transición energética.
En este contexto, el estudio plantea una hoja de ruta basada en tres ejes: coherencia regulatoria, acceso a financiamiento climático y fortalecimiento de alianzas público-privadas. Solo con estos elementos, concluye el informe, la región podrá convertirse en un actor relevante —y no solo simbólico— en el cumplimiento de los objetivos climáticos globales.
