Canadá define nuevas reglas para frenar el greenwashing

La Oficina de Competencia de Canadá (Competition Bureau) ha publicado sus directrices finales sobre declaraciones ambientales, con el objetivo de alinear las prácticas empresariales con los nuevos estándares legales que buscan frenar el greenwashing.

Foto: Jared VanderMeer / Pexels.

Las pautas, resultado de dos rondas de consultas públicas y más de 400 aportes del sector privado, la sociedad civil y expertos legales, acompañan una reforma del Competition Act, en vigor desde junio de 2024. Las nuevas disposiciones introducen obligaciones concretas para respaldar las afirmaciones ecológicas que hagan las empresas, ya sea sobre productos o sobre sus operaciones generales.

Con la publicación de las directrices finales, el organismo insta a las empresas a revisar detalladamente sus declaraciones antes de hacer cualquier afirmación ambiental. También alienta al público a denunciar posibles casos de greenwashing a través de un formulario disponible en línea.

Más allá del discurso verde: requisitos concretos

Las directrices no limitan la capacidad de las compañías para comunicar iniciativas sustentables. Sin embargo, toda declaración ambiental deberá estar debidamente fundamentada. En el caso de productos, eso significa contar con pruebas adecuadas. Para afirmaciones relacionadas con el desempeño ambiental de una empresa o actividad, será necesario aplicar metodologías reconocidas a nivel internacional.

Este enfoque responde a una creciente demanda de transparencia y rigor en la comunicación empresarial sobre sostenibilidad, tanto por parte de los consumidores como de inversores institucionales y reguladores.

Marco legal

El nuevo marco legal eleva sustancialmente el riesgo regulatorio. Las sanciones por declaraciones engañosas pueden alcanzar:

  • Hasta 10 millones de dólares canadienses por una primera infracción.
  • Hasta 15 millones, o más, en casos de reincidencia.
  • Alternativamente, multas equivalentes al triple del beneficio económico obtenido a través de la conducta engañosa, o el 3% de los ingresos brutos globales anuales de la empresa, si ese beneficio no puede cuantificarse con precisión.

Desde la Oficina de Competencia señalan que estas cifras posicionan a Canadá entre las jurisdicciones con sanciones más estrictas en la materia.

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