El Consejo Europeo dio un paso clave en la revisión del Reglamento de la UE contra la Deforestación al aprobar su mandato de negociación para modificar de manera específica la norma vigente. La decisión confirma el apoyo de los Estados miembros a dos cambios centrales: aplazar un año la entrada en vigor del Reglamento y simplificar el proceso de debida diligencia que deben cumplir los operadores que introducen productos en el mercado europeo.
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El movimiento responde a crecientes preocupaciones de gobiernos, empresas y otros actores sobre la capacidad de adaptación de los operadores —especialmente los más pequeños— y sobre desafíos técnicos vinculados al sistema de información de la UE, pieza central para implementar la trazabilidad y el control. Ante este escenario, el Consejo respaldó la propuesta de la Comisión de introducir una simplificación específica del proceso de diligencia debida y, al mismo tiempo, acordó extender la aplicación del Reglamento hasta el 30 de diciembre de 2026 para medianas y grandes empresas, y hasta el 30 de junio de 2027 para microempresas y pequeñas empresas.
La postura adoptada elimina el “período de gracia” inicialmente sugerido por la Comisión para empresas grandes y medianas, sustituyéndolo por una prórroga uniforme para todos los operadores sin distinción de tamaño. De esta manera, la prioridad pasa a ser una fecha de aplicación clara y única, acompañada de medidas adicionales destinadas a reducir la carga administrativa sin erosionar los objetivos del Reglamento.
Entre los cambios acordados se destaca que la obligación de presentar la declaración de debida diligencia recaerá exclusivamente en los operadores que comercializan por primera vez las materias primas o productos cubiertos por la norma. Los actores ubicados en etapas posteriores de la cadena de suministro ya no deberán presentar declaraciones propias; solo necesitarán conservar y transmitir el número de referencia de la declaración inicial. Para micro y pequeñas empresas que actúan como operadores primarios, el Consejo propone una única declaración simplificada.
Además, los Estados miembros encargaron a la Comisión Europea realizar, antes del 30 de abril de 2026, una revisión exhaustiva del funcionamiento de las simplificaciones introducidas. La evaluación deberá analizar los efectos del Reglamento y las cargas administrativas asociadas, en especial para las empresas de menor escala, y podría derivar en una nueva propuesta legislativa.
Con este mandato aprobado, el Consejo está listo para iniciar conversaciones con el Parlamento Europeo con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo en las próximas semanas y antes de que venza la fecha de entrada en vigor del Reglamento vigente, prevista para el 30 de diciembre de 2025. El resultado de estas negociaciones será determinante para el despliegue final de una normativa que, desde su adopción en 2023, busca evitar que materias primas como el café, la soja, el cacao, la madera, el caucho, la palma aceitera o la carne bovina lleguen al mercado europeo asociadas a procesos de deforestación o degradación forestal.
