Brasil llega a la COP30 con una propuesta que busca redefinir el papel de los mercados de carbono en la lucha contra el cambio climático. El gobierno brasileño presentó la Coalición Abierta para la Integración de los Mercados de Carbono, una iniciativa que pretende conectar los sistemas de comercio de emisiones existentes a nivel global y armonizar sus reglas. El objetivo central, según el Ministerio de Hacienda, es generar mayor liquidez, transparencia y previsibilidad en un sector clave para cumplir los compromisos del Acuerdo de París.
Foto: Cristina Reis, subsecretaria de Desarrollo Económico Sostenible del Ministerio de Hacienda de Brasil (Créditos: Gabriel Della Giustina / COP30).
La propuesta surge en el marco del Plan de Transformación Ecológica, la estrategia del gobierno brasileño para promover un desarrollo económico compatible con la inclusión social y la protección ambiental. A diferencia de otros esquemas multilaterales, la adhesión a la Coalición sería voluntaria, permitiendo la participación inicial de un grupo reducido de países y la incorporación progresiva de nuevos miembros.
Fuentes del Ministerio explican que la iniciativa busca acelerar la descarbonización de las economías mediante la cooperación entre gobiernos que ya cuentan con mercados regulados o esquemas de fijación del precio del carbono. Cristina Reis, subsecretaria de Desarrollo Económico Sostenible, sostiene que el enfoque no se limita a la dimensión ambiental: “La coalición puede impulsar tecnologías limpias, crear nuevos empleos y establecer estándares productivos que premien los bienes con menor huella de carbono”.
Uno de los elementos más sensibles de la propuesta es la creación de mecanismos de redistribución de ingresos entre los países miembros. El esquema reconoce que las responsabilidades y capacidades para reducir emisiones son desiguales. Por eso, prevé un proceso de “reciclaje de ingresos” destinado a equilibrar los beneficios y garantizar una transición justa. Este componente podría transformar la Coalición en un instrumento de cooperación económica además de climática, aunque aún no se conocen los criterios concretos para su implementación.
Actualmente, alrededor de 80 países aplican políticas de fijación de precios del carbono y cerca de 40 operan sistemas de comercio regulado. Brasil se sumó formalmente a ese grupo en diciembre de 2024, con la aprobación de la Ley N.º 15.042 que creó el Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones (SBCE). La norma estableció un marco legal para la compraventa de créditos de carbono en el país, con el fin de incentivar la innovación tecnológica y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esa experiencia es la que Brasil busca ahora proyectar al plano internacional. Según Catherine Wolfram, economista asesora de la Presidencia de la COP30, “el país anfitrión dispone de una posición estratégica para promover una estructura global de precios del carbono que reduzca tensiones comerciales y aumente las ambiciones climáticas conjuntas”.
La propuesta brasileña también refleja un cambio de enfoque en las negociaciones climáticas: de los compromisos a la implementación. En ese sentido, la COP30, que se celebrará en Belém, ha sido presentada como la “COP de la acción”. Reis afirma que el involucramiento de los ministerios de Hacienda y del sector financiero es esencial para que la descarbonización avance en los sectores más emisores, como la energía, el transporte y la industria pesada.
Sin embargo, el éxito de la Coalición dependerá de su capacidad para atraer adhesiones más allá del ámbito latinoamericano y articular intereses divergentes entre países desarrollados y en desarrollo. El desafío será conciliar objetivos ambientales con realidades económicas y políticas muy distintas.
De prosperar, la propuesta podría sentar las bases de un sistema global interconectado de mercados de carbono. Si fracasa, quedará como un nuevo intento de coordinar un instrumento que, a pesar de su potencial, sigue fragmentado por la falta de consenso internacional sobre cómo ponerle precio a la contaminación.
