La Ley Ómnibus de la Comisión Europea, diseñada para aliviar la carga regulatoria sobre las empresas, está siendo superada por una nueva oleada de presiones políticas que buscan no solo recortar, sino desmantelar algunos de los pilares de la arquitectura de sostenibilidad de la Unión Europea. En el centro del debate se encuentra la Directiva sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), que enfrenta ataques directos desde las principales economías del bloque.
Foto: Friedrich Merz, canciller de Alemania, y Emmanuel Macron, presidente de Francia (Créditos: alliance/dpa).
El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz han dejado clara su postura: no basta con aplazar o aligerar la CSDDD. Ambos mandatarios piden su eliminación total. “Estoy hablando de sincronizar con EE.UU. y el resto del mundo”, declaró Macron ante empresarios en la cumbre Choose France, alineándose abiertamente con Merz, quien recientemente expresó en Bruselas su deseo de que la UE “cancele de verdad esta directiva”.
La CSDDD, adoptada en mayo de 2024 tras intensas negociaciones, exige a las empresas identificar, prevenir y mitigar impactos negativos sobre los derechos humanos y el medioambiente a lo largo de toda su cadena de valor. Aunque su implementación ha sido ya postergada hasta 2028, Francia y Alemania consideran que esta moratoria es apenas un primer paso. Quieren suprimir completamente el instrumento.
Un giro más profundo que el Ómnibus
Las propuestas iniciales de la Comisión en su paquete Ómnibus ya contemplaban recortes significativos a las obligaciones de sostenibilidad, como aumentar el umbral de aplicación de la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) a empresas con más de 1.000 empleados y 50 millones de euros de facturación, dejando fuera al 80% de las compañías inicialmente previstas. Pero incluso estos recortes son considerados insuficientes por algunos sectores del Parlamento Europeo.
El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) ha propuesto un nuevo umbral aún más restrictivo: 3.000 empleados y 450 millones de euros. También se eliminaría la obligación de adoptar planes de transición climática y se limitaría la información obligatoria a 100 indicadores, con 50 adicionales para divulgación voluntaria. En palabras del comité, estas modificaciones persiguen “los objetivos declarados de simplificación y reducción de la carga informativa”.
Este viraje no solo representa una mayor flexibilización que la prevista por la Comisión, sino que va camino a vaciar de contenido regulaciones clave como la CSRD y la propia CSDDD.
Advertencias del Banco Central Europeo
Frente a esta ofensiva, el Banco Central Europeo (BCE) ha alzado la voz. En una opinión formal, el organismo advierte que la reducción drástica del alcance de la CSRD implicaría “un acceso significativamente menor a información relevante sobre sostenibilidad”, dificultando la toma de decisiones de inversión, debilitando la estabilidad financiera y minando los objetivos climáticos de la UE.
El BCE propone una alternativa: mantener las obligaciones para empresas con entre 500 y 1.000 empleados, aunque con estándares de reporte simplificados. También pide conservar datos clave sobre cambio climático y biodiversidad, y lamenta la eliminación de estándares sectoriales que permitirían evaluar mejor la preparación de las empresas frente a la transición ecológica.
Tensiones internas y presión externa
El empuje franco-alemán responde tanto a intereses económicos internos como a presiones geopolíticas. Según fuentes cercanas al proceso, la administración estadounidense ha señalado la CSDDD como una barrera no arancelaria que afecta su comercio con la UE. El intento de eliminarla sería, en parte, un gesto hacia Washington en aras de mayor armonización regulatoria.
Sin embargo, dentro del Parlamento Europeo, la coalición centrista —formada por el Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas y los liberales de Renew Europe— aún no ha alcanzado consenso sobre la abolición total de estas directivas. Algunos sectores temen que una desregulación excesiva termine perjudicando la competitividad a largo plazo, en lugar de mejorarla.
Una UE en disputa consigo misma
Mientras el debate avanza en Bruselas, la Unión Europea se encuentra dividida entre dos pulsiones: la de simplificar su marco regulatorio para competir con economías como la de EEUU y China, y la de consolidar un modelo económico basado en la sostenibilidad, la transparencia y la responsabilidad corporativa.
La batalla sobre la Ley Ómnibus y las directivas climáticas va más allá de cuestiones técnicas. Es una disputa sobre el rumbo estratégico del proyecto europeo. Y el desenlace aún está lejos de definirse.
