Una coalición de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Alemania han presentado en abril una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra Bayer AG responsabilizándola por los impactos en el ambiente y los derechos humanos que estaría generando su modelo de agricultura industrial en Sudamérica. La OCDE tiene tres meses para decidir si toma el caso.
La queja ante la OCDE documenta cuatro casos concretos que, según los denunciantes, muestran los impactos negativos donde Bayer AG comercializa sus productos. Como parte de la denuncia, el Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS (Argentina), Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y ECCHR demandan a Bayer AG “a que realice cambios sostenibles en sus prácticas empresariales con el fin de respetar los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente”.
Según los denunciantes, la evidencia basada en una investigación amplia y en numerosas entrevistas con comunidades afectadas comprueba que la empresa promueve en Sudamérica un modelo de agricultura que provoca inseguridad alimentaria, escasez de agua, deforestación extrema, pérdida de biodiversidad, graves consecuencias para la salud y conflictos por la tierra con comunidades indígenas y campesinas.
“La empresa no ha respondido adecuadamente a los graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente directamente relacionados con su modelo de negocio en la región. Tampoco se han supervisado los impactos del uso de semillas genéticamente modificadas y pesticidas, ni se han tomado medidas adecuadas para prevenirlos y mitigarlos”, afirma Sarah Schneider, experta en agricultura y nutrición mundial de Misereor.
Respecto a la queja, Abel Areco, Director de BASE-IS, dice: “Mostramos que, a causa del avance del cultivo de soja, en nuestra región la gente sufre intoxicaciones y enfermedades graves; hay fuentes de agua locales tan contaminadas que no se pueden consumir más; las comunidades indígenas y campesinas son despojadas de sus territorios, afectando sus formas de vida y de alimentación; miles de hectáreas de bosque desaparecen, amenazando a los animales y plantas locales”.
“Las Directrices de la OCDE son claras en establecer deberes de debida diligencia para la cadena de valor descendente, sobre todo en los casos en que se puede prever el mal uso de un producto. Aunque la ley alemana de la cadena de suministro en su versión actual no incluya esta parte de la cadena de valor, Bayer debe cumplir con las Directrices de la OCDE. Pedimos que para la soja transgénica y pesticidas a base de glifosato, Bayer desarrolle políticas de debida diligencia basadas en el riesgo y que consideren el contexto en Latinoamérica para contribuir a una solución a largo plazo”, dice Silvia Rojas Castro, Asesora Legal del ECCHR.
La OCDE dispone de tres meses (a partir de abril de 2024) para decidir sobre la admisibilidad de la denuncia y apoyar así la mediación entre las partes afectadas y la empresa.
