Las compañías del S&P 500 que decidieron mantener sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) después de las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump obtuvieron, en promedio, un desempeño financiero comparable al de aquellas que optaron por recortarlos o eliminarlos. Esa es la principal conclusión de una nueva investigación de la Escuela de Políticas Públicas Goldman de la Universidad de California en Berkeley.
Foto: Jacob M. Grumbach, profesor asociado en la Escuela de Políticas Públicas Goldman de la Universidad de California en Berkeley.
El trabajo, elaborado por Hanna Folsz y Jacob M. Grumbach y fechado el 14 de agosto de 2026, analiza qué ocurrió con las grandes empresas estadounidenses después de que el gobierno de Trump ejerciera presión para desmantelar iniciativas vinculadas con DEI. El estudio parte de una pregunta que adquirió relevancia en los directorios corporativos: ¿resistir las directivas de la administración podía traducirse en un costo económico?
La evidencia recopilada por los investigadores apunta a que, al menos entre las compañías del S&P 500 y en el período analizado, ese costo no se materializó.
Qué ocurrió después de la Orden Ejecutiva
En enero de 2025, la administración Trump emitió la Orden Ejecutiva 14173, que impulsó medidas contra los programas de diversidad, equidad e inclusión y ordenó a distintas agencias federales investigar y promover su eliminación.
Ante esa presión, las empresas adoptaron respuestas diferentes. Algunas redujeron o abandonaron sus compromisos de DEI, mientras que otras mantuvieron sus programas o reafirmaron públicamente su continuidad.
Folsz y Grumbach utilizaron esas diferencias para comparar el desempeño de las compañías. El análisis se concentró en dos indicadores principales: la evolución de las acciones y los ingresos corporativos. El resultado: las empresas que mantuvieron sus políticas DEI no registraron un desempeño inferior al de aquellas que decidieron cumplir con la orientación de la administración.
La bolsa no penalizó a las empresas que resistieron
Los autores señalan que uno de los principales argumentos utilizados por compañías para justificar el repliegue de sus iniciativas DEI fue el riesgo financiero. La posibilidad de enfrentar una reacción negativa de inversores, consumidores o del propio gobierno podía convertir el mantenimiento de estos programas en una decisión considerada demasiado costosa.
Sin embargo, los datos analizados por los investigadores no encontraron evidencia de ese castigo en el mercado de capitales.
Las compañías que mantuvieron sus compromisos registraron rendimientos bursátiles comparables con los de las empresas que los redujeron. Tampoco se observó una desventaja significativa en términos de generación de ingresos.
Para comprobar que el resultado no dependiera de una única forma de medir el compromiso corporativo con DEI, los autores utilizaron diferentes indicadores. Entre ellos incluyeron declaraciones públicas de ejecutivos, evaluaciones de grupos de interés, información contenida en los estados financieros y votaciones de accionistas sobre resoluciones contra las políticas DEI.
Según los investigadores, las conclusiones se mantuvieron bajo estas distintas aproximaciones.
El temor a las consecuencias pudo haber sido exagerado
La investigación plantea así una interpretación diferente de las decisiones tomadas por numerosas compañías. Si mantener las políticas DEI no produjo una penalización financiera observable, parte del repliegue empresarial podría haber respondido más a una percepción de riesgo que a una necesidad económica comprobada.
Jacob Grumbach, profesor asociado de la Goldman School of Public Policy y uno de los autores del estudio, señaló que muchas empresas habían reducido sus iniciativas convencidas de que era la alternativa más segura desde el punto de vista empresarial.
“Los datos cuentan una historia diferente“, sostuvo Grumbach. Según el investigador, el análisis de las compañías del S&P 500 no encontró una penalización financiera para aquellas que conservaron sus compromisos con DEI.
El argumento no implica que las políticas de diversidad sean irrelevantes para el desempeño empresarial ni que todas las compañías enfrenten las mismas condiciones. La investigación analiza específicamente a grandes empresas estadounidenses y compara su comportamiento financiero en un contexto político determinado.
Una investigación que trasciende el debate sobre DEI
Para los autores, la importancia del estudio no se limita a las políticas de diversidad. El caso ofrece, según su interpretación, una oportunidad para analizar cómo las instituciones privadas responden a presiones políticas.
El trabajo sostiene que los gobiernos pueden influir sobre organizaciones de la sociedad civil no solamente mediante sanciones efectivas, sino también generando la expectativa de que la resistencia tendrá consecuencias. Cuando las instituciones consideran creíbles esas amenazas, pueden modificar anticipadamente su comportamiento para evitar posibles represalias.
Grumbach vincula este mecanismo con procesos de concentración de poder observados en otros países. En su interpretación, la intimidación institucional puede funcionar precisamente porque no todas las amenazas necesitan concretarse: alcanza con que las organizaciones crean que el costo de desafiar al poder será demasiado alto.
El estudio señala que, en este caso, las empresas que mantuvieron sus programas DEI no enfrentaron un perjuicio financiero significativo y que el poder ejecutivo tampoco desplegó otras formas importantes de represalia regulatoria contra ellas.
Qué implica para las empresas
El hallazgo introduce una advertencia para los procesos de toma de decisiones en los directorios. Una compañía puede decidir modificar una política para reducir su exposición política, pero esa decisión no necesariamente se corresponde con una ventaja económica demostrable.
El estudio sugiere, en particular, que el riesgo percibido y el riesgo efectivamente observado pueden ser diferentes. En el caso analizado, las compañías que resistieron las presiones para abandonar sus programas DEI no pagaron, en promedio, un precio financiero identificable por hacerlo.
“Las empresas pueden resistir la presión del poder ejecutivo, al menos en esta área, sin sufrir consecuencias financieras significativas“, concluyen Folsz y Grumbach.
La investigación no sostiene que la continuidad de las políticas DEI determine por sí misma la fortaleza de las instituciones democráticas estadounidenses. Pero plantea que las decisiones de las grandes compañías frente a la presión política pueden ofrecer información relevante sobre hasta qué punto las empresas están dispuestas a ejercer autonomía frente al poder estatal.
En ese sentido, el caso DEI aparece como algo más que una disputa sobre políticas corporativas de diversidad. Para los investigadores, constituye un experimento sobre la relación entre poder político, percepción del riesgo y comportamiento empresarial. Y su conclusión central es que, al menos para las grandes compañías analizadas, resistir no resultó ser el negocio más caro.
