El Consejo de la UE decidió no respaldar la Directiva sobre Debida Diligencia en materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). Más de 130 organizaciones de la sociedad civil advierten que la noticia significa un duro revés para la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo, y firman una declaración conjunta para revertir la medida.
A fines de 2023, los negociadores del Parlamento y del Consejo acordaron nuevas normas que obligaban a las empresas a integrar los derechos humanos y su impacto medioambiental en sus sistemas de gestión. Sin embargo, el 9 de febrero pasado los Veintisiete decidieron aplazar sin fecha las negociaciones. Ello derivó en el rechazo que se votó este 28 de febrero.
La eurodiputada Lara Wolters se pronunció en las redes sociales diciendo: “Indignada por los juegos políticos que se están llevando a cabo hoy en el Consejo en materia de debida diligencia. Desprecio flagrante hacia el Parlamento Europeo. Los Estados miembros deben ponerse manos a la obra porque el tiempo se acaba“.
Desde European Coalition for Corporate Justice consideran que el bloqueo se puede atribuir en gran medida a los grandes Estados miembros: a la temprana abstención anunciada por Alemania, y un intento de último minuto de Francia de descarrilar las negociaciones proponiendo aumentar diez veces el umbral de las empresas, lo cual acrecentó la incertidumbre para otros Estados.
“Estos juegos políticos desafían claramente el apoyo rotundo a la Directiva por parte de los gobiernos, los sindicatos, la sociedad civil, las grandes, medianas y pequeñas empresas y los ciudadanos individuales. Sin una legislación vinculante de la UE sobre responsabilidad corporativa, los gobiernos nacionales no abordan los impactos sobre los derechos humanos, la explotación de los trabajadores y los impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales y ecosistemas naturales vinculados a las operaciones corporativas. Es un fracaso desgarrador por parte de los gobiernos de la UE a la hora de cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional de derechos humanos, y una señal de luz verde a las empresas imprudentes de que pueden seguir alimentando las crisis climática y ecológica para obtener ganancias corporativas”, afirman desde European Coalition for Corporate Justice.
Y agregan que “Esta falta de apoyo amenaza una pieza vital de la legislación de sostenibilidad de la UE, necesaria y retrasada para desencadenar el cambio en la conducta empresarial. Es el resultado de un proceso democrático en el Parlamento Europeo y de amplias negociaciones con los Estados miembros. Ahora más que nunca, la Presidencia belga debe estar a la altura de las circunstancias: es hora de volver a los Estados miembros y garantizar una mayoría fuerte sin regatear los principios clave del compromiso alcanzado en el acuerdo del diálogo tripartito”.
Todo indica que habrá que esperar a después de los comicios europeos de junio de este año para que el proyecto vuelva a la mesa de discusión. Para esa fecha se contará con la presidencia húngara de la UE, que será liderada por Víktor Orbán.
Como reacción, más de 130 organizaciones europeas piden a la Presidencia belga que esté a la altura de las circunstancias, regrese a los Estados miembros y garantice una mayoría fuerte sin regatear los principios clave del compromiso alcanzado en el acuerdo de diálogo tripartito.
