La discusión sobre el cambio climático ha incorporado en los últimos años un creciente lenguaje financiero: riesgo, exposición, estabilidad, divulgación, alineación de carteras y resiliencia. Pero detrás de esa terminología existe una distinción que, según un nuevo estudio de la Universidad de Columbia, no siempre está siendo respetada: el riesgo planetario, el daño económico y las pérdidas financieras son fenómenos relacionados, pero no equivalentes.
Foto: Lisa Sachs, directora del Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) y profesora asociada de Columbia Climate School.
Esa es una de las principales conclusiones del nuevo estudio elaborado por Lisa Sachs, directora del Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) y profesora asociada de Columbia Climate School, junto con Danielle Fujimoto y Quentin Harel.
El trabajo, titulado “From Planetary Hazard to Financial Stability: Disentangling Climate Risk and Institutional Responsibility”, examina cómo diferentes instituciones —desde bancos e inversores hasta aseguradoras, bancos centrales, supervisores y autoridades fiscales— enfrentan distintas dimensiones del problema climático.
Su argumento central no es que las finanzas carezcan de un papel en la transición. Es más específico: atribuir a las instituciones financieras responsabilidades que exceden sus mandatos puede terminar debilitando tanto la gestión del riesgo como el financiamiento de la descarbonización.
Tres riesgos bajo una misma etiqueta
El punto de partida del estudio es una separación conceptual.
El primer nivel es el riesgo planetario: el peligro físico generado por el calentamiento global, incluidos el aumento de las temperaturas, el incremento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y los daños sobre las personas y los ecosistemas.
El segundo es el riesgo económico, que representa aquella parte de esos impactos que termina afectando la producción, los ingresos, las infraestructuras, los medios de vida y los presupuestos públicos.
El tercero es el riesgo financiero, un subconjunto todavía más reducido que aparece cuando esos impactos afectan la calidad crediticia, el valor de los activos, los balances o, en casos extremos, la estabilidad del sistema financiero.
La transmisión entre los tres niveles no es automática. La exposición de cada actor, los mecanismos de protección disponibles, la distribución de las pérdidas y las expectativas de los mercados determinan qué proporción del daño físico se transforma en pérdida económica y qué parte de esa pérdida termina impactando sobre el sistema financiero.
Por eso, una economía puede mostrar indicadores financieros relativamente estables mientras acumula riesgos climáticos crecientes. Los seguros, las transferencias fiscales y otros mecanismos pueden amortiguar el impacto de un shock antes de que llegue a los balances financieros. Estabilidad financiera, sostiene el estudio, no equivale a estabilidad climática.
Seis respuestas, no una sola
A partir de esa clasificación, los autores identifican seis respuestas diferentes.
La primera es la mitigación, destinada a reducir el riesgo planetario mediante la descarbonización de los sistemas energéticos, industriales y de uso de la tierra. Es la única de las seis que actúa sobre la causa del problema.
La segunda es la resiliencia, que busca reducir la vulnerabilidad económica y social frente a los impactos físicos a través de infraestructura, planificación territorial, protección de ecosistemas y políticas sociales.
La tercera es la distribución de riesgos, mediante seguros, reaseguros, mercados de capitales, transferencias fiscales y garantías públicas capaces de absorber o redistribuir las pérdidas.
La cuarta es la resiliencia fiscal, orientada a preservar la capacidad de los gobiernos para financiar respuestas ante desastres, reconstrucción y estabilización económica.
La quinta es la gestión de la exposición, que procura limitar pérdidas financieras previsibles mediante decisiones sobre crédito, suscripción de seguros y asignación de carteras.
La sexta es la estabilidad del sistema financiero, cuyo objetivo es evitar fallas correlacionadas y mantener el crédito y la intermediación cuando los shocks climáticos se transmiten a través de la economía.
La relación entre ellas es jerárquica. Cuanto menor sea la mitigación, mayor será la magnitud del riesgo que deberán administrar las otras cinco respuestas.
El problema de pedirle a las finanzas que hagan el trabajo de la política climática
Una de las cuestiones más relevantes del estudio aparece cuando los autores examinan qué pueden y qué no pueden conseguir las instituciones financieras actuando racionalmente dentro de sus propios mandatos.
Un banco que aumenta el costo del crédito o reduce los plazos de financiamiento en una región expuesta a inundaciones puede estar protegiendo adecuadamente su balance. Pero esa decisión no necesariamente reduce las emisiones ni genera nuevas inversiones para la transición.
Lo mismo puede ocurrir cuando un inversor reduce su exposición a activos particularmente sensibles a los riesgos de transición. La decisión puede ser financieramente racional y, sin embargo, no modificar las emisiones de la economía real.
De allí surge una distinción que atraviesa todo el informe: la gestión del riesgo financiero no debe confundirse con la mitigación del cambio climático.
El estudio tampoco considera que la alineación de una cartera con una trayectoria de descarbonización sea equivalente a una reducción de emisiones. Una cartera puede cumplir determinados parámetros de alineación sin que eso modifique la demanda de combustibles fósiles, las tecnologías utilizadas o las emisiones de las empresas de la economía real.
El límite del disclosure
El análisis también pone el foco sobre otro supuesto extendido: que una mayor cantidad de información climática disponible para los mercados conducirá necesariamente a una reasignación de capital.
Los autores distinguen entre divulgación y cambio de comportamiento.
El disclosure puede reducir asimetrías de información. Pero, por sí solo, no necesariamente genera los incentivos para que empresas, bancos e inversores modifiquen sus decisiones.
El problema aparece cuando un mismo sistema de reporte intenta cumplir simultáneamente objetivos diferentes: medir riesgos financieros, demostrar impactos sobre el clima y orientar la asignación de capital.
Según el estudio, esa acumulación de expectativas puede generar costos de cumplimiento considerables sin garantizar resultados verificables en ninguno de esos objetivos.
Cuando la gestión prudente puede trasladar el problema
El estudio introduce, además, una consecuencia menos evidente. Si un banco reduce el crédito en una zona vulnerable, una aseguradora abandona determinados mercados considerados demasiado riesgosos y los inversores disminuyen su exposición a sectores sensibles a la transición, cada actor puede estar actuando de manera racional desde su propio mandato.
Pero el resultado agregado puede ser diferente. El riesgo no necesariamente desaparece. Puede trasladarse hacia instituciones menos reguladas, hacia otros sectores de la economía o, finalmente, hacia los gobiernos.
Esta dinámica adquiere especial relevancia en las regiones donde las necesidades de inversión para mitigación y adaptación son mayores. Una retirada del financiamiento privado puede dificultar precisamente las inversiones necesarias para reducir la exposición futura.
El estudio no plantea que las instituciones deban ignorar los riesgos que enfrentan para alcanzar objetivos climáticos. La cuestión es otra: la gestión prudencial fue diseñada para proteger instituciones y preservar la estabilidad financiera, no para resolver por sí misma los problemas de política climática.
La factura puede terminar en los balances públicos
El argumento adquiere una dimensión fiscal cuando se observa la suma de estas decisiones.
A medida que aumentan los riesgos físicos, las aseguradoras pueden enfrentar mayores pérdidas o dejar de ofrecer cobertura en determinadas zonas. Los bancos pueden endurecer sus condiciones de crédito. Los inversores pueden reducir determinadas exposiciones.
Al mismo tiempo, los gobiernos deben responder ante desastres, reconstruir infraestructura y sostener a comunidades y sectores afectados.
El resultado potencial es una transferencia progresiva de riesgos hacia los balances públicos.
El estudio advierte que esta dinámica puede generar obligaciones crecientes justamente cuando el espacio fiscal se vuelve más limitado. Si no existen políticas que anticipen esa cascada, las decisiones racionales de cada institución pueden producir colectivamente una acumulación de pasivos que nadie estaba específicamente encargado de gestionar.
Tres preguntas que quedan abiertas
El informe identifica varias tensiones que, según sus autores, requieren decisiones políticas y no pueden resolverse exclusivamente mediante herramientas financieras.
Una de ellas es qué ocurrirá con las personas y empresas ubicadas en zonas donde el seguro privado deje de ser sostenible y quién deberá asumir el costo de esa brecha de cobertura.
Otra es cómo deberán los gobiernos distribuir recursos entre mitigación, adaptación, recuperación y mecanismos de absorción de pérdidas cuando las necesidades aumenten y el espacio fiscal se reduzca.
La tercera es cómo disminuir el costo del capital en los mercados emergentes, donde suelen concentrarse importantes necesidades de transición pero también algunas de las mayores dificultades para acceder a financiamiento.
Estas preguntas trasladan la discusión desde el terreno estrictamente financiero hacia el ámbito de las políticas públicas. Las instituciones financieras pueden aportar información, capital y herramientas de gestión, pero no necesariamente tienen el mandato ni la capacidad para resolver por sí mismas esos dilemas distributivos.
Una cuestión de responsabilidades
La conclusión del estudio no es que los bancos, inversores, aseguradoras o reguladores deban quedar al margen de la agenda climática. Por el contrario, propone identificar con mayor precisión qué institución puede hacer qué cosa y con qué instrumentos.
La distinción resulta relevante porque, bajo la etiqueta genérica de “riesgo climático”, pueden convivir objetivos diferentes: reducir emisiones, proteger comunidades, distribuir pérdidas, preservar las finanzas públicas o mantener la estabilidad financiera. Cada uno requiere herramientas y responsables distintos.
Para Sachs y sus colaboradores, la confusión tiene un costo concreto: puede consumir recursos en medición, reporte y gestión de riesgos mientras se desplazan hacia segundo plano las condiciones estructurales que determinan si las inversiones de mitigación pueden financiarse.
El estudio también advierte que el problema se vuelve más costoso cuanto más se demora la transición. La mitigación reduce el riesgo en su origen; las otras cinco respuestas administran sus consecuencias. Si el riesgo subyacente continúa creciendo, también lo harán las demandas sobre seguros, infraestructura, presupuestos públicos y sistema financiero.
En última instancia, la investigación plantea una cuestión que excede a los mercados: quién tiene la autoridad, los instrumentos y la responsabilidad para reducir el riesgo climático antes de que termine convertido en una sucesión de pérdidas económicas, financieras y fiscales.
La respuesta, según el estudio, no está en asignar a una única institución la tarea de resolver el problema, sino en evitar que cada una sea evaluada por objetivos que no puede controlar. Para los autores, separar responsabilidades no significa reducir la ambición climática. Significa hacer explícito dónde están los verdaderos mecanismos de cambio y qué decisiones políticas siguen pendientes.
