El Parlamento Europeo aprobó una amplia reducción de las obligaciones de información y los requisitos de debida diligencia para las empresas, con el objetivo de simplificar la normativa y aliviar la carga administrativa del sector privado. Con 382 votos a favor, 249 en contra y 13 abstenciones, los eurodiputados fijaron su posición negociadora sobre una propuesta que limita los informes de sostenibilidad y los controles de riesgo a las compañías más grandes.
Foto: Jörgen Warborn (Créditos: Parlamento Europeo).
Las normas actualizadas forman parte del paquete de simplificación denominado Ómnibus I, propuesto por la Comisión Europea el 26 de febrero de 2025.
El ponente de la comisión de Asuntos Jurídicos, Jörgen Warborn (PPE, Suecia), defendió la decisión asegurando que “Europa puede ser sostenible y competitiva”. Según el eurodiputado, la simplificación “reduce costes y da a las empresas la claridad que necesitan para crecer, invertir y crear puestos de trabajo bien remunerados”.
Informes de sostenibilidad: más sencillos y solo para grandes empresas
Los eurodiputados creen que solo las empresas con una media de más de 1.750 empleados y un volumen de negocios anual neto superior a 450 millones de euros deberían presentar informes sociales y medioambientales. Solo las compañías que cumplan esos requisitos también estarían obligadas a presentar información sobre sostenibilidad con arreglo a las normas de taxonomía (es decir, una clasificación de las inversiones sostenibles).
Las normas de presentación de informes se simplificarían y reducirían aún más, lo que requeriría menos detalles cualitativos, y la presentación de informes específicos por sectores sería voluntaria. Las empresas más pequeñas estarían protegidas de los requisitos de información impuestos a sus grandes socios comerciales, a los que no se les permitiría solicitar más información de la establecida en las normas voluntarias.
Debida diligencia: menos exigencias y solo para entidades de gran tamaño
Los requisitos de debida diligencia se aplicarían solo a las grandes empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocio anual neto de más de 1.500 millones de euros. Los eurodiputados quieren que estas empresas adopten un enfoque basado en el riesgo para supervisar e identificar su impacto negativo en las personas y el planeta. En lugar de solicitar sistemáticamente información a sus socios comerciales más pequeños, deberán basarse en la información ya disponible y solo podrán solicitar información adicional a esas compañías más pequeñas como último recurso.
Estas empresas ya no tendrían que elaborar un plan de transición para que su modelo de negocio sea compatible con el Acuerdo de París y podrían enfrentarse a multas por no cumplir los requisitos de debida diligencia cuya orientación vendrá de la Comisión y los Estados miembros. Las empresas infractoras serían responsables a nivel nacional en lugar de a nivel de la UE y tendrían que indemnizar plenamente a sus víctimas por los daños.
Los eurodiputados también quieren que la Comisión establezca un portal digital para las empresas con libre acceso a plantillas, directrices e información sobre todos los requisitos de información de la UE que complementen el punto de acceso único europeo.
Próximos pasos Las negociaciones con los Gobiernos de la UE, que ya han adoptado su posición sobre el expediente, comenzarán el 18 de noviembre, con el objetivo de finalizar la legislación a finales de 2025. |
