Endesa ha publicado su primer Informe sobre la Gestión de los Derechos Humanos, que abarca su actividad tanto en España como en Portugal. La compañía se adelanta así tres años al calendario propuesto por el denominado “paquete Ómnibus” de la Comisión Europea sobre esta materia. El documento recoge la integración efectiva del tema en el día a día, y los mecanismos de supervisión y mejora con los que se ha dotado.
En el documento se explican asimismo las medidas que se han tomado para integrar los derechos humanos en ámbitos clave como empleados, clientes, cadena de valor, comunidades, sociedad, gobernanza y privacidad, y protección de datos o ciberseguridad. Además, informa sobre la estructura de la gobernanza de esta materia en Endesa que, supervisada por el consejo de administración a través del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, involucra a todas las áreas de la compañía.
El informe incorpora las lecciones aprendidas por Endesa a lo largo de su trayectoria, especialmente tras la aprobación en 2013 de su Política de Derechos Humanos. Esas mejoras prácticas tienen que ver con la adaptación de la estructura de la gobernanza al nuevo contexto regulatorio, así como un esfuerzo sostenido en la formación y sensibilización de dirección, empleados y contratistas.
Desde Endesa explican que la implementación de estas acciones ha permitido avanzar en cuestiones ya incorporadas como la equidad de género, la salud o la seguridad de empleados y contratistas, así como en temas emergentes como un mayor foco en la incorporación de estas cuestiones en la cadena de valor de la compañía. El informe también dedica espacio al refuerzo de los mecanismos de denuncia y de protección del informante, así como la necesidad de seguir aplicando la mejora continua en la consulta a los grupos de interés, en una demostración de la apuesta de la compañía por la transparencia y la rendición de cuentas.
El Proceso de Debida Diligencia
Endesa ha realizado ya tres procesos de debida diligencia, 2017, 2020 y 2023. Estos ejercicios son fruto de la aprobación en 2013 de su primera política en esta materia. Esta política se basa en el marco de los Principios Rectores sobre Empresa y DDHH de la ONU, que establece que las corporaciones deben adquirir un compromiso público con los DDHH e implantar los mecanismos necesarios para minimizar los riesgos e impactos derivados de su actividad.
La debida diligencia de 2023 parte de un análisis de contexto geográfico y sectorial en España y Portugal en una serie de temáticas desde integridad o impactos en medioambiente y comunidades a diversidad, salud y seguridad, privacidad a condiciones de trabajo y libertad de asociación, sin que se identifiquen riesgos altos significativos. Tras ello se realizó un análisis técnico de los potenciales impactos de la actividad empresarial, evaluándose el 100% de las políticas y procedimientos. Para ello se llevaron a cabo entrevistas a la Alta Dirección y encuestas y entrevistas a los grupos de interés, ONGs, expertos académicos, personas empleadas y proveedores.
Derivado de todo este proceso se identificaron un conjunto de oportunidades de mejora para fortalecer el compromiso de la compañía con los Derechos Humanos y que se agrupan en las 16 medidas del Plan de Acción 2024-2026 con especial foco en acciones para los empleados, los proveedores, el refuerzo del canal de denuncias, y el alineamiento con los principios de la directiva europea en materia de diligencia debida y sostenibilidad.
