En un movimiento polémico que ha desatado el debate sobre la relación entre finanzas y valores medioambientales, sociales y de gobernanza, una propuesta de ley presentada por legisladores republicanos en New Hampshire ha puesto sobre la mesa la posibilidad de penas de hasta 20 años de prisión por invertir en conformidad con criterios ESG.
Entre los promotores de la norma se encuentran los republicanos Travis Corcoran y Mike Belcher.
La iniciativa (HB 1267), registrada en la Cámara de Representantes estatal de New Hampshire en Concord, busca prohibir la inversión de fondos del Tesoro estatal, agencias de la rama ejecutiva y del sistema de jubilación estatal en empresas o proyectos que consideren criterios ESG en sus decisiones de inversión.
El proyecto de ley establece que violar esta prohibición será considerado un delito punible con no menos de un año y no más de 20 años de prisión, especificando que la violación se produce cuando se invierten fondos estatales o de los contribuyentes de manera que infrinja el deber fiduciario en relación con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Los promotores de la propuesta reconocen abiertamente que su enfoque podría considerarse provocador, pero sostienen que están actuando en aras de maximizar los retornos financieros y minimizar riesgos. Argumentan que las inversiones basadas en criterios ESG pueden afectar negativamente los rendimientos y aumentar los riesgos para los inversionistas.
El texto de la propuesta refleja la determinación de evitar inversiones ESG, destacando la obligación de las agencias de la rama ejecutiva de priorizar decisiones de inversión que maximicen los retornos financieros y minimicen los riesgos. Además, se exigiría que estas agencias revisen sus inversiones para garantizar que no se invierta en empresas que consideren criterios ESG.
La propuesta también impacta al sistema de jubilación estatal, imponiendo la obligación de cumplir con el deber fiduciario y abstenerse de invertir con empresas que consideren criterios ESG. Tanto el tesoro estatal como el sistema de jubilación de New Hampshire deberían informar anualmente sobre el cumplimiento de la obligación de tomar decisiones de inversión basadas en el deber fiduciario.
