El pasado 7 de octubre se realizó la jornada “Inversiones productivas y sustentabilidad: el marco legal ambiental”, organizada por el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) junto a la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, en el marco de la Maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental.
Foto: Santiago Alonso, Coordinador del área Legal & Compliance del CEADS, exponiendo en la jornada “Inversiones productivas y sustentabilidad: el marco legal ambiental”.
El encuentro reunió a representantes de empresas, organismos públicos, el ámbito académico y la sociedad civil con el propósito de debatir cómo el marco normativo ambiental incide en la atracción de inversiones y en la promoción de la sostenibilidad.
Inversiones, certeza jurídica y sostenibilidad
Durante la apertura, Sebastián Bigorito, director ejecutivo del CEADS, destacó la importancia de generar espacios donde confluyan múltiples perspectivas. “Las inversiones pueden ser más o menos adversas al riesgo, pero son incompatibles con la incertidumbre. Esta jornada pretende echar luz donde no la hay, dar precisión donde hay ambigüedad y acotar los grises en todo lo posible”, señaló.
En esa línea, Santiago Alonso, coordinador de Ambiente y Regulación del CEADS, abordó los aspectos jurídico-ambientales de los proyectos de inversión, subrayando que “la incertidumbre que enfrentan los inversores, los abogados la llamamos inseguridad jurídica”.
Alonso sostuvo que las normativas ambientales no son un obstáculo para el desarrollo productivo, siempre que estén bien diseñadas: “Incluso las regulaciones más estrictas no impiden las inversiones si el marco jurídico es preciso, técnicamente sólido y libre de sesgos ideológicos”.
Experiencias del sector privado
Desde el sector empresarial, Lucila Parodi, representante de Río Tinto, compartió la experiencia de la compañía en los procesos de permisos ambientales y participación ciudadana. Remarcó que las diferencias normativas entre jurisdicciones pueden gestionarse cuando existe claridad en las reglas y previsibilidad en la administración pública.
En relación con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Parodi aclaró que “no tiene competencia alguna en materia ambiental: no existen excepciones ni atajos; los permisos siguen siendo responsabilidad de las jurisdicciones locales”.
Por su parte, Marcelo Bombicini presentó el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que se desarrolla en Río Negro bajo el régimen RIGI, liderado por el consorcio SESA, encabezado por Pan American Energy (PAE). Explicó que la iniciativa contempla una planta de licuefacción “on floating” —ubicada sobre embarcaciones— y coincidió en que los procesos ambientales deben permanecer bajo jurisdicción provincial.
Bombicini subrayó la necesidad de contar con estudios técnicos robustos, capaces de responder a todas las observaciones, y destacó el “diálogo genuino con las comunidades como base de la licencia social”. También recordó que los organismos financieros internacionales, como el International Finance Corporation (IFC), imponen estándares ambientales y sociales de máxima rigurosidad.
Federalismo ambiental y jurisprudencia
El segundo panel analizó los desafíos del sector productivo ante el federalismo ambiental, con exposiciones de Daniel Lago sobre la articulación normativa entre niveles de gobierno y de Eduardo Mujica sobre las tasas ambientales municipales. La sesión fue moderada por Silvia Nonna (UBA).
Por último, el tercer panel exploró las tendencias y puntos de inflexión en la jurisprudencia ambiental argentina, con aportes de Horacio Franco, desde el sector productivo; José Esaín, desde la academia; y Blas Matías Michenzi, desde el poder judicial. La moderación estuvo a cargo de Martín Siano (UBA).
El encuentro reafirmó la necesidad de avanzar hacia reglas claras, previsibles y técnicamente sólidas que promuevan la inversión responsable y consoliden un marco de desarrollo sostenible en el país.
