Una nueva guía elaborada por el Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment pone el foco en un aspecto cada vez más determinante en la agenda climática global: el rol de la evidencia científica en los litigios vinculados al cambio climático. El documento inaugura una serie dedicada a analizar cómo la ciencia es utilizada en los tribunales y cuáles son las necesidades probatorias en este tipo de casos.
La publicación, titulada “Science in the courtroom: evidentiary needs in climate litigation“, parte de una constatación central: el litigio climático se ha consolidado como una herramienta relevante de gobernanza. En este contexto, la evidencia científica no solo aporta sustento técnico, sino que se vuelve clave para que los tribunales puedan dirimir responsabilidades tanto de gobiernos como de empresas frente a la crisis climática.
Uno de los principales aportes de la guía es la sistematización de los distintos usos de la evidencia según el tipo de caso. El informe distingue tres grandes categorías: los litigios contra marcos gubernamentales —que cuestionan la ambición o implementación de políticas públicas—, los casos contra empresas por su desempeño climático, y las demandas bajo el principio de “quien contamina paga”, orientadas a obtener compensaciones por daños asociados al cambio climático.
En cada uno de estos frentes, las necesidades probatorias difieren. En los casos contra gobiernos, por ejemplo, la evidencia se centra en demostrar la alineación —o falta de ella— entre los compromisos nacionales y los objetivos globales de temperatura, así como en el cumplimiento de presupuestos de carbono y criterios de equidad. En el ámbito corporativo, en tanto, los litigios suelen apoyarse en análisis de emisiones y planes de transición para exigir reducciones consistentes con trayectorias sectoriales o globales. Por su parte, los casos de daños requieren de avances en la ciencia de atribución para establecer vínculos causales entre emisores específicos y perjuicios concretos.
El informe también subraya un fenómeno relevante en la práctica judicial: la existencia de una jerarquía implícita en la valoración de la evidencia. Según la guía, los tribunales tienden a otorgar mayor peso a los informes del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) frente a estudios individuales, consolidando al organismo como una referencia central en este tipo de procesos.
Otro de los aspectos destacados es el rol multifacético de los científicos en el ámbito judicial. Más allá de actuar como peritos, los expertos pueden intervenir como asesores, investigadores independientes, autores de informes “amicus curiae” o incluso como facilitadores en instancias de formación para jueces. Esta diversidad de funciones refleja la creciente intersección entre ciencia y derecho en el abordaje del cambio climático.
Sin embargo, la guía advierte sobre una tensión persistente: lo que la comunidad científica considera como la “mejor evidencia disponible” no siempre coincide con lo que resulta más persuasivo en el ámbito legal. Esta brecha, señala el informe, refuerza la necesidad de mejorar la comunicación científica dentro de las narrativas jurídicas.
Finalmente, los autores señalan que si bien la ciencia climática avanza rápidamente y amplía el universo de pruebas disponibles, aún existe un déficit de análisis sistemático sobre las necesidades probatorias específicas de cada tipo de litigio. Es por ello que la guía busca contribuir a cerrar esa brecha, ofreciendo una referencia tanto para especialistas como para actores no técnicos interesados en la intersección entre ciencia y derecho climático.
