La Comisión Europea anunció en su Programa de Trabajo 2027 el retiro oficial de la propuesta de Green Claims Directive, una iniciativa que buscaba establecer reglas comunes para que las empresas pudieran demostrar y comunicar las afirmaciones ambientales realizadas sobre sus productos y servicios. La decisión implica el abandono de un proyecto regulatorio que durante más de tres años había intentado establecer criterios más exigentes frente al riesgo de greenwashing.
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La propuesta había sido presentada en marzo de 2023 con el objetivo de complementar la Directiva sobre el Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Verde, aprobada posteriormente y que desde septiembre introdujo restricciones más estrictas sobre determinadas afirmaciones ambientales. Mientras esa norma establece qué prácticas pueden considerarse engañosas o prohibidas, la Green Claims Directive buscaba avanzar sobre una cuestión diferente: cómo deberían las empresas respaldar con evidencia científica sus declaraciones ambientales.
El proyecto, sin embargo, quedó políticamente bloqueado en junio de 2025, después de que surgieran fuertes diferencias entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre las obligaciones de información que impondría a las compañías. La preocupación central fue que el sistema pudiera generar una carga administrativa desproporcionada, especialmente para las pequeñas empresas. En ese contexto, la Comisión concluyó que la propuesta difícilmente obtendría el respaldo de los países miembros dentro de un plazo razonable.
El retiro anunciado ahora formaliza ese bloqueo. La decisión no significa que la Unión Europea abandone su política contra el greenwashing, pero sí supone que una de las herramientas previstas para regular la evidencia detrás de las declaraciones ambientales dejará de avanzar como legislación europea. La cuestión adquiere especial relevancia para las empresas que operan en el mercado europeo, porque el marco regulatorio sobre comunicación ambiental continuará dependiendo de otras normas ya aprobadas y de las reglas nacionales que sigan vigentes.
La retirada también expone una tensión que atraviesa la actual política europea de sostenibilidad: cómo elevar el nivel de exigencia sobre las empresas sin convertir la regulación en una carga administrativa difícil de asumir. La Green Claims Directive pretendía cerrar una de las brechas más visibles del mercado —la proliferación de productos promocionados como «verdes» sin criterios homogéneos para verificar esas afirmaciones—, pero terminó encontrando un límite político precisamente en el costo y la complejidad del mecanismo elegido.
Para las empresas, el cambio no elimina la necesidad de fundamentar sus afirmaciones ambientales. La retirada de la propuesta deja en pie las obligaciones derivadas de la legislación europea ya aprobada y, sobre todo, mantiene abierto el debate sobre qué nivel de evidencia debe exigirse antes de presentar un producto o servicio como beneficioso para el ambiente. El giro muestra, además, que la agenda europea contra el greenwashing entra en una nueva etapa, en la que el desafío ya no es solamente endurecer las reglas, sino encontrar un equilibrio entre protección del consumidor, credibilidad ambiental y costos de cumplimiento.
