En un proceso histórico de audiencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se prepara para emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones estatales frente a la emergencia climática. Este esfuerzo, liderado en parte por la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), subraya la relevancia de la justicia climática y los derechos humanos en el contexto de la crisis ambiental global.
Las audiencias se celebraron entre abril y mayo de este año en diversas localidades como Bridgetown (Barbados), Brasilia y Manaos (Brasil). Se recibieron 265 presentaciones escritas y más de 150 intervenciones orales provenientes de una amplia gama de actores, incluyendo Estados, organismos internacionales y nacionales, la academia, la sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, tribales y rurales, así como niños, niñas y adolescentes.
Durante la inauguración de las audiencias en Bridgetown, la Presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, junto con el Vicepresidente Carlos Bernal Pulido y el Relator Especial Javier Palummo, expusieron sus observaciones orales ante la Corte. Clarke y Bernal enfatizaron la necesidad de una Opinión Consultiva que profundice en los estándares establecidos previamente por la CIDH y REDESCA en su Resolución 3/21 sobre la emergencia climática y las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos.
El Relator Especial Javier Palummo subrayó que “quienes menos han contribuido a la crisis climática enfrentan hoy día las peores consecuencias, por lo que la justicia climática es un imperativo insoslayable“. Destacó la importancia de que la Corte IDH articule su opinión en este contexto, subrayando la necesidad de una acción climática centrada en un enfoque de derechos humanos.
Las actividades en Brasilia y Manaos incluyeron no solo las presentaciones formales, sino también reuniones con diversas autoridades del gobierno brasileño, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Ciudadanía, el Ministerio Público del Trabajo, la Defensa Pública de la Unión y el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Además, se llevaron a cabo encuentros con representantes de la sociedad civil y pueblos indígenas para debatir sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el contexto de la emergencia climática.
Durante las audiencias, la Relatoría también organizó eventos paralelos y reuniones con la academia y organizaciones de la sociedad civil, tanto en Barbados como en Brasil. Estas actividades fueron esenciales para fomentar un enfoque promocional y de trabajo colaborativo en la región, agradeciendo especialmente la colaboración de los Estados anfitriones y sus representantes ante la OEA.
Estas acciones están en línea con el Plan de Trabajo 2024-2026 de REDESCA, titulado “Una agenda Hemisférica por los DESCA“, y contribuyen significativamente al proceso de elaboración de la Opinión Consultiva solicitada por Chile y Colombia. Esta solicitud busca clarificar las obligaciones estatales individuales y colectivas frente a la emergencia climática dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos.
REDESCA insta a los Estados de la región a adoptar respuestas basadas en los derechos humanos, respaldadas por la mejor evidencia científica y adoptando enfoques de género, intercultural e interseccional. Consideran que un enfoque diferenciado para distintas regiones geográficas es esencial. La Relatoría ha enfatizado que las acciones tanto de los Estados como de las empresas deben basarse en la justicia climática, lo que implica enfrentar los efectos del cambio climático aplicando principios, obligaciones y estándares internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. Solo así se protegerá adecuadamente a los grupos más vulnerables y se eliminarán las injusticias y discriminaciones históricas.
