Un nuevo informe internacional alerta que la transición hacia energías limpias, presentada como motor de soluciones climáticas, corre el riesgo de replicar las injusticias históricas de la industria extractiva. Según el estudio “Mining and Money: Financial Fault Lines in the Energy Transition”, entre 2016 y 2024 los principales bancos del mundo destinaron 493.000 millones de dólares en préstamos y servicios financieros a compañías mineras de minerales de transición, mientras que inversores globales mantenían, hasta mediados de 2025, 289.000 millones en bonos y acciones del sector.
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El problema, señala el documento elaborado por la Forests & Finance Coalition junto con organizaciones civiles, es que gran parte de estos flujos de capital respaldan empresas vinculadas a deforestación, acaparamiento de tierras, contaminación y violaciones a los derechos laborales.
Bancos e inversionistas bajo la lupa
Entre los actores financieros más expuestos aparecen JPMorgan Chase, Bank of America, Citi y BNP Paribas, en tanto que BlackRock, Vanguard y Capital Group concentran grandes inversiones en gigantes como Glencore, Vale y BHP. Pese a los compromisos públicos con la sostenibilidad, el puntaje promedio en políticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de 30 instituciones evaluadas fue de apenas 22%.
“La transición justa no puede construirse sobre la base de violaciones de derechos, desplazamiento de comunidades y destrucción de biodiversidad”, advirtió Stephanie Dowlen, de la organización Rainforest Action Network.
Comunidades y ecosistemas en riesgo
El informe documenta impactos sociales y ambientales en países como Indonesia, Brasil, la República Democrática del Congo y Australia. Entre los casos señalados figuran la contaminación del agua por la minera Harita Group en Indonesia, los desastres de represas de Vale en Brasil, la explotación laboral en minas de cobalto en el Congo y la expansión del bauxita en tierras indígenas en Australia.
En total, el 70% de las minas de minerales de transición se superponen con territorios indígenas o campesinos, y el 71% se ubican en áreas de alta biodiversidad.
Exigencias de reforma
La coalición advierte que, sin cambios de fondo, la transición energética podría consolidar un modelo extractivo de alto riesgo. Entre sus recomendaciones a gobiernos, bancos e inversores destacan:
- Garantizar los derechos humanos y laborales, incluyendo el consentimiento libre, previo e informado de comunidades.
- Excluir financiamiento a empresas vinculadas con deforestación, pérdida de biodiversidad y mala gestión de residuos.
- Reforzar la debida diligencia y la trazabilidad de cadenas de suministro.
- Exigir planes de transición climática creíbles y recortar la financiación de combustibles fósiles.
- Establecer “líneas rojas” para excluir a clientes con daños graves no remediados.
Un punto de inflexión
El informe plantea que el auge de minerales como litio, níquel, cobre y cobalto, esenciales para tecnologías renovables, está siendo financiado bajo un modelo económico que prioriza el consumo excesivo y la concentración empresarial.
“Es una contradicción evidente que la minería, una de las principales causas de la crisis climática, se presente ahora como pilar de la solución sin modificar sus prácticas globales”, señaló Maurício Angelo, del Observatorio de la Minería en Brasil.
La advertencia de los autores es que sin una reorientación del financiamiento, la transición energética corre el riesgo de transformarse en un nuevo capítulo de explotación y desigualdad, donde las comunidades y ecosistemas más vulnerables paguen los costos mientras las economías ricas cosechan los beneficios.
