Las palabras las pronunció Ana Virginia Moreira Gomes, Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, al presentar el estudio “Una aproximación a las Directrices para la transición justa en América Latina con enfoque de género”, en el marco de la COP30. El informe, elaborado junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), advierte que la región ha avanzado en incorporar la igualdad de género en sus políticas climáticas, pero aún enfrenta desafíos significativos para garantizar que la transición hacia economías sostenibles genere oportunidades reales para todas las personas.
Foto: Ana Virginia Moreira Gomes (Créditos: OIT).
El diagnóstico parte de una realidad: la crisis climática está profundizando desigualdades históricas en América Latina y el Caribe. Según estimaciones incluidas en el estudio, entre 68 y 135 millones de personas podrían caer en la pobreza hacia 2030 como consecuencia directa del calentamiento global. Las mujeres, junto con comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y migrantes, se encuentran entre las más afectadas.
Aunque los 29 países de la región que presentaron sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) incorporaron criterios de género en sus compromisos climáticos, la implementación práctica continúa siendo dispar. Las brechas son más pronunciadas en sectores donde las mujeres tienen menor presencia, lo que limita su acceso a los beneficios de la transformación económica hacia modelos bajos en carbono.
“La transición justa no se trata solo de reducir emisiones, sino de garantizar que las transformaciones económicas y ambientales vayan de la mano con más igualdad, trabajo decente y protección social”, subrayó Moreira Gomes. Su llamado se sostiene en uno de los hallazgos más relevantes del informe: aunque la región podría crear 22,5 millones de nuevos empleos verdes de aquí a 2030, muchos de ellos surgirán en sectores altamente masculinizados, lo que corre el riesgo de consolidar brechas laborales ya existentes.
Desde el PNUD, la Directora Regional Michelle Muschett reforzó el mensaje al destacar que la región enfrenta un punto de inflexión. “En América Latina y el Caribe, el desarrollo sin resiliencia ya no es una opción. La transición hacia economías bajas en carbono representa una oportunidad única para transformar la estructura productiva y avanzar hacia un modelo más inclusivo y competitivo”, afirmó.
El estudio propone una hoja de ruta para evitar que la transición ecológica amplíe desigualdades: integrar la igualdad de género en todas las políticas climáticas y laborales; invertir en empleos verdes y servicios públicos que reduzcan las cargas de cuidado; y fortalecer el diálogo social para asegurar la participación de las mujeres en el diseño e implementación de estas políticas.
Estas recomendaciones se sustentan en ejemplos concretos de iniciativas ya en marcha, como presupuestos públicos con enfoque de género y clima en Panamá, programas de ganadería sostenible liderados por mujeres en Perú y acciones para aumentar la contratación femenina en el sector geotérmico de El Salvador.
