La Comisión Europea anunció la apertura de una consulta pública sobre la versión revisada de los European Sustainability Reporting Standards (ESRS). El proceso, con una ventana de participación de un mes, apunta a recoger feedback del sector privado y del ecosistema financiero antes de definir el marco definitivo de reporte. Se apunta a una reducción superior al 30% en los costos asociados al cumplimiento.

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La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de simplificación regulatoria que busca hacer más eficiente la implementación de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). En este contexto, los nuevos estándares reducen de manera significativa la carga operativa: más del 60% menos de datapoints obligatorios y una caída superior al 70% en el total de indicadores. El rediseño también introduce mayor claridad en los requerimientos, flexibilidad en su aplicación y una simplificación del análisis de materialidad, uno de los ejes más complejos del reporte ESG.
Para las compañías, el impacto es concreto: la Comisión estima una reducción superior al 30% en los costos asociados al cumplimiento. Este ajuste responde a preocupaciones manifestadas por el sector empresarial respecto de la escalabilidad y eficiencia de los sistemas de reporte, especialmente en grupos con operaciones globales.
El nuevo enfoque se apoya en las recomendaciones técnicas de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), que canalizó consultas con stakeholders durante 2025. Sin embargo, Bruselas introdujo modificaciones adicionales para reforzar el objetivo de alivio regulatorio sin comprometer la consistencia y comparabilidad de la información.
En paralelo, la Comisión propone un estándar voluntario orientado a empresas fuera del alcance de la CSRD, con foco en pymes. El punto más relevante para grandes corporaciones es la introducción de un “value chain cap”: no podrán exigir a proveedores o socios con menos de 1.000 empleados información más allá de lo previsto en ese esquema simplificado. La medida busca contener el efecto cascada de los requerimientos ESG sobre la cadena de valor.
La consulta permanecerá abierta hasta el 3 de junio. Una vez finalizada, la Comisión prevé adoptar los actos delegados correspondientes y remitirlos al Parlamento Europeo y al Consejo, que contarán con un período de revisión antes de su eventual entrada en vigor. El proceso definirá el alcance final de una reforma que busca equilibrar exigencias regulatorias con competitividad empresarial en el bloque.


