El Parlamento aprobó nuevas normas sobre delitos medioambientales y las sanciones por perpetrarlos. Los delitos individuales podrán ser castigados con hasta diez años de cárcel. Las multas para empresas podrán llegar hasta el 5 % de la facturación mundial o 40 millones de euros. Por otro lado, una nueva ley de la UE ha fijado el objetivo de restaurar al menos el 20 % de sus zonas terrestres y marinas para 2030 y, todos los ecosistemas que lo necesiten para 2050.
La nueva Directiva, consensuada con el Consejo el 16 de noviembre de 2023, fue aprobada con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones. Contiene una lista actualizada de delitos, entre ellos el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques.
La Eurocámara ha garantizado que la nueva normativa incluya el denominado “delito cualificado”, como los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, que conlleva la destrucción de un ecosistema y es, por tanto, equiparable al ecocidio.
Los delitos contra el medio ambiente cometidos por personas y representantes de empresas se castigarían con penas de cárcel en función de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños. Los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión; los que causen la muerte de una persona con diez años, y los demás delitos con hasta cinco años.
Todos los infractores estarían obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas. Para las empresas, las multas alcanzarán el 3 % o el 5 % de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito. Los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio.
La Eurocámara insistió en que las personas que denuncien delitos contra el medio ambiente deben recibir apoyo y asistencia en el marco de un proceso penal. También garantizó que los Estados miembros impartirán una formación especializada para policías, jueces y fiscales, prepararán estrategias nacionales y organizarán campañas de sensibilización para luchar contra la delincuencia medioambiental. Los datos recogidos por los Gobiernos de la UE sobre delitos contra el medio ambiente deberían ayudar a abordar mejor esta cuestión y a la Comisión a actualizar periódicamente la lista.
“Ya es hora de que luchemos contra la delincuencia transfronteriza a escala europea con sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos medioambientales. En virtud de este acuerdo, quienes contaminen lo pagarán. Además, es un gran paso en la dirección correcta que cualquier persona que ocupe un cargo directivo en una empresa que contamine pueda ser considerada responsable, al igual que la propia empresa. La introducción del deber de diligencia hace que ya no haya dónde esconderse tras permisos o lagunas legislativas”, afirmó Antonius Manders (PPE, Países Bajos).
La Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las normas a sus sistemas nacionales.
Nueva ley para restaurar el 20 % del suelo y el mar de la UE
La Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE, consensuada con los Estados miembros, busca regenerar los ecosistemas degradados de sus territorios, contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE y mejorar la seguridad alimentaria.
A fin de alcanzar estos objetivos generales, los Estados miembros deben restaurar al menos el 30 % de los hábitats contemplados en la nueva ley (desde bosques, pastizales y humedales hasta ríos, lagos y lechos coralinos) para que pasen de un estado deficiente a uno bueno en 2030, porcentaje que aumentará al 60 % en 2040 y al 90 % en 2050. De acuerdo con la posición del Parlamento, los países de la UE deben dar prioridad a las zonas de la Red Natura 2000 hasta 2030. Cuando un área se encuentre en buenas condiciones, los países de la UE velarán por que no se deteriore de manera considerable. Los Estados miembros también tendrán que adoptar planes nacionales de restauración que detallen cómo pretenden alcanzar estos objetivos.
Con vistas a mejorar la biodiversidad de los agroecosistemas, los países de la UE habrán de avanzar en dos de los tres indicadores siguientes: el índice de mariposas de los pastizales; la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas, y las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo. Además, deben tomarse medidas para aumentar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios, ya que estos animales son buenos indicadores del estado general de la biodiversidad.
Dado que la restauración de las turberas drenadas es una de las formas más rentables de reducir las emisiones en el sector agrícola, los países de la UE deben reparar al menos el 30 % de las mismas (como mínimo deberá rehumedecerse una cuarta parte), el 40 % de aquí a 2040 y el 50 % para 2050 (donde habrá que rehumedecer al menos una tercera parte). El proceso de rehumidificación seguirá siendo de carácter voluntario para los agricultores y propietarios particulares.
A petición del Parlamento, la ley incluye un «freno de emergencia» que permitirá suspender los objetivos para los agroecosistemas en circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias para una producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE.
Por otro lado, la ley exige una evolución positiva de varios indicadores en los ecosistemas forestales y que se planten 3 000 millones de árboles más. Los Estados miembros también tendrán que convertir al menos 25 000 km de ríos en cauces libres y garantizar que no se produzca una pérdida neta de la superficie nacional total de espacios verdes urbanos y de cubierta arbórea urbana.
El acuerdo alcanzado con los Estados miembros se adoptó con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. Antes de publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor veinte días después, el Consejo debe adoptarlo.
