La Unión Europea avanza hacia una reformulación de las normas de sostenibilidad corporativa que podría transformar el panorama regulatorio para miles de empresas. En nombre de la simplificación y la competitividad, el Parlamento Europeo aprobó una propuesta que recorta drásticamente el número de compañías obligadas a reportar información ambiental, social y de gobernanza, y restringe las exigencias de debida diligencia a las grandes corporaciones.
Foto: Jörgen Warborn (Créditos: Parlamento Europeo).
Con 17 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento respaldó una versión más limitada del marco regulatorio, parte del paquete de simplificación “Omnibus I” presentado por la Comisión Europea en febrero de 2025. El objetivo oficial: reducir la carga administrativa y los costos para las empresas, sin frenar el avance hacia la transición verde.
De aprobarse en el pleno, solo las empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios superior a 450 millones de euros deberán presentar reportes de sostenibilidad. Es un umbral considerablemente más alto que el propuesto originalmente por la Comisión, que ya había planteado una reducción del 80% en el número de firmas obligadas. Las demás quedarán exentas y podrán informar de manera voluntaria, siguiendo orientaciones generales de Bruselas.
El cambio también modifica el sentido del reporte. Las empresas ya no tendrán que elaborar informes sectoriales ni ajustarse a múltiples estándares: las normas se concentrarán en datos cuantitativos y en un formato simplificado. La Comisión prevé además crear una plataforma digital gratuita, un “portal único” con modelos, guías y toda la información necesaria para cumplir con las obligaciones de sostenibilidad, en complemento al futuro European Single Access Point (ESAP).
En materia de debida diligencia, el giro es igualmente profundo. La propuesta limita las obligaciones a compañías con más de 5.000 empleados y un volumen de negocios global superior a 1.500 millones de euros, o a firmas extranjeras que generen esa cifra dentro de la UE. En lugar de exigir información sistemática a toda la cadena de valor, las empresas deberán adoptar un enfoque basado en riesgos, solicitando datos solo cuando existan indicios razonables de impactos negativos sobre derechos humanos o el medioambiente.
Otro cambio relevante es la eliminación de la responsabilidad civil a nivel europeo. Las sanciones por incumplimiento se determinarán según las leyes nacionales, aunque la Comisión y los Estados miembros elaborarán orientaciones comunes. Las multas podrían alcanzar hasta el 5% del volumen global de negocios de la empresa infractora.
Para Jörgen Warborn, del Partido Popular Europeo, las modificaciones representan “una apuesta por la simplificación y la previsibilidad” que “reduce costos, fortalece la competitividad y mantiene en marcha la transición verde”.
Críticos del proceso advierten, sin embargo, que el nuevo esquema podría debilitar los mecanismos de transparencia y responsabilidad que la Unión Europea había construido en los últimos años. El equilibrio entre reducir cargas regulatorias y preservar estándares ambientales y sociales se perfila como el eje del debate que continuará el 24 de octubre, cuando comiencen las negociaciones entre el Parlamento y los gobiernos nacionales para definir el texto final.
Con esta revisión, Bruselas busca responder a una preocupación recurrente del sector empresarial: la complejidad normativa que, según muchas compañías, limita su capacidad de inversión. Pero el desenlace final mostrará si el bloque logra mantener su liderazgo en sostenibilidad sin erosionar la ambición regulatoria que lo distinguió en la última década.
